México es un país sumamente diferente (sui géneris, dicen algunos) a otros, incluso a aquellos que guardan pasado y presente con él. Lo es en muchos aspectos, especialmente en lo que se refiere a credulidad.
Extrañamente somos muy crédulos en algunos temas e incrédulos en otros, donde también mostramos suspicacia, recelo y sospechas sobre hechos que son aclarados.
La falta de transparencia es el común denominador de la mayoría de eventos ocurridos en el país, donde expresiones como la manifestada por el Presidente López Obrador en torno a la actuación del entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, en torno al presunto fraude de 15 mil millones de pesos contribuye a enrarecer el panorama.
El otorgamiento de contratos, licitados o no, causan insatisfacción y las que son presentadas no son atendidas con prontitud.
Y es que en muchas de las acciones del gobierno federal prevalece la opacidad, principalmente cuando personajes del actuar gubernamental son señaladas por presuntos actos de corrupción.
Esa opacidad y falta de transparencia son métodos comunes son una constante en los gobiernos, sin importar la procedencia o militancia política de quienes gobiernan al país, un estado o hasta municipios.
Los desvíos de recursos son una constante y los beneficios que obtienen esos personajes se encuentran a la luz pública y solamente las propias autoridades son las que no los alcanzan a distinguir.
Pero la incredulidad y desconfianza no parte solamente de los fraudes y del enriquecimiento en que incurren muchos funcionarios de todos los niveles de gobierno. Las sospechas saltan por todos los ámbitos.
El nombramiento de consejeros del INE, de comisionados del INAI, de ministros de la Corte y de un sinfín de autoridades desata la especulación y las intrigas.
En la lucha contra la delincuencia organizada se repiten con una gran constancia la tolerancia que hay en contra de los cárteles, el solapamiento hacia ellos y hasta la colaboración que se presta en algunos de los casos.
La insistencia de terminar con el trasiego de drogas se remonta hasta el lejano 1975, cuando el hoy Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, encabezó la Operación Cóndor.
De entonces a la fecha, los operativos han tenido distintos nombres y el problema se incrementó con la pulverización de los grupos delincuenciales que nuevamente intentan capitalizar dos grandes organizaciones el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los grupos delincuenciales se desintegran, para dar paso a nuevos organismos, mientras que el Ejército, la Marina Armada, la policía y la Guardia Nacional, muestran una total incapacidad.
Si de investigación hablamos, hay falta de preparación y nada se investiga. Los fraudes y la corrupción se detectan no por parte de las autoridades, sino de investigaciones periodísticas, los crímenes y las fortunas tampoco pueden hacerse, por carecer de elementos capacitados.
Eso sí se cuenta con uno de los mayores avances de tecnología para los espías de personajes que no son cercanos al régimen y repito no son solamente del actual, sino son temas que se arrastran desde hace varias décadas.
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