Muchos de los diputados, federales y locales, del partido Morena, ligaron la curul solo por su oposición invariable al sistema, no por convicciones y menos por firmeza ideológica. Lo constatamos en la votación por la reforma constitucional que dio paso a la Guardia Nacional, donde catorce lopezobradoristas se suman a los 37 legisladores que no asistieron a la histórica sesión.
Solo uno sin partido, firme en su idea, votó en contra. Los demás simplemente se ausentaron. Los diputados morenistas, surgidos casi todos de la movilización callejera, seguramente siguen en la tesitura de que los llamen a negociar, como lo hacían al final de cada marcha o plantón antes de que les beneficiara el voto del efecto AMLO.
Esta es la pretensión que se observa en el actuar de cada uno de estos diputados ausentes. No calcularon que quedarían marcados para la historia por su omisión en sesión legislativa tan trascedente ¿y quiénes son?
Así quedó, por ejemplo, la diputada federal oaxaqueña Graciela Zavaleta Sánchez cuya ausencia nunca explicó por lo que ya está entre los 14 diputados morenistas que, por no votar, tienen el fierro de desleales, o de Convenencieros. Otra curuleca marcada por su carencia de convicciones es la panista Antonia Natividad Díaz Jiménez. Está en la lista de siete legisladores azules que se ausentaron pese a que su partido, el PAN, se mostró satisfactorio con la aprobación de la Guardia Nacional.
Piedra en el zapato
Haberse ausentado deja mal parados a los diputados morenistas, pero su actitud también genera suspicacia dentro del Grupo Parlamentario del Morena. A los catorce del Morena, 4 del PES y 2 del PT que, aunque fueron aliados en la elección, ahora los miran como obstáculo para alcanzar la mayoría calificada en el pleno y poder aprobar las reformas constitucionales necesarias para lograr la cuarta transformación que pretende el presidente López Obrador.
Quedan atrás
Los diputados ausentes de la histórica sesión, quedarán marcados porque la participación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia sin control en nuestro país, finalmente obtuvo consenso en el Congreso de la Unión con dos puntos plausibles: el mando recaerá en un civil o un militar en retiro y tendrá un plazo de cinco años para que los elementos de la Sedena y la Semar, vuelvan a sus cuarteles una vez que el presidente López Obrador y los gobiernos estatales y municipales cumplan con el ofrecimiento de tener policías bien capacitadas. Los legisladores que cumplieron dieron el marco jurídico que dé un soporte claro al Ejército y a la Marina en su lucha contra la delincuencia. Su combate al crimen y a la inseguridad, que rebasan a las policías federales, estatales y municipales, es imprescindible para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Su lucha contra el crimen no es ilegal ni significa “militarizar” el país.
Entre las funciones que les marca la ley a las fuerzas armadas están “Defender la integridad de la nación y garantizar la seguridad interior”, que es la labor que realizan en las calles y en sus centros de inteligencia.
Ayer vimos el primer efecto plausible del apoyo de la Fuerzas Armadas a las endebles corporaciones policiacas. Las elecciones en las agencias municipales del Centro, transcurrieron en paz pese a la amenazas de grupos delincuenciales asentados en las partes altas de San Juan Chapultepec, Mexicapan, Santa Rosa y Pueblo Nuevo. En la primera agencia mencionada, asesinaron en pleno día a uno de los aspirantes al puesto. La vigilancia fue determinante.
El salto del chapulín
La incontenible violencia, finalmente, alcanzó a la primera autoridad del municipio de Juchitán. A punto estuvo de ser ejecutado el primer concejal Emilio Montero Pérez.
La noche del sábado fue blanco de la violencia desatada por un grupo enardecido en las cercanías de la agencia municipal Álvaro Obregón.
Dejar hacer, dejar pasar durante tantos años de parte de las sucesivas autoridades municipales, permitió que se aposentara la ingobernabilidad en la histórica Juchitán.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), inició una investigación por el ataque contra la primera autoridad municipal. La camioneta en que viajaba Emilio Montero Pérez fue incendiada y el edil resultó con algunos golpes. Dicen que salvó la vida al brincar del vehículo y ocultarse entre la maleza.
El edil hacía proselitismo para un candidato a agente municipal por lo que sus adversarios políticos, en masa, bloquearon el paso y lapidaron el vehículo con palos, machetes. Por el número de personas y su actitud violenta, el presidente municipal, junto con sus colaboradores abandonaron dichas unidades en tanto los manifestantes incendiaban una de las camionetas.
Aunque los de la Cocei y otros grupos políticos de Juchitán han agregado a las luchas por el poder, la agresión física entre adversarios y hasta los homicidios, la Fiscalía informó que iniciará investigaciones contra los incitadores de la agresión. A ver si no el mismo presidente municipal pide que no se aplique la ley.
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