Sobre las rodillas, con acarreados, gran simulación y acicateados por un juez federal, por incumplidos, los diputados de la 64 legislatura (el peor Congreso de Oaxaca), cumplieron con hacer la llamada Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado.
Así cocinaron un ordenamiento que establece que la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno del estado organice las futuras consultas sobre las decisiones y obras que decida el mismo gobierno. Es decir, serán juez y parte. Los expertos recomendaban que esas consultas las debería organizar una institución autónoma, pero los diputados los ignoraron.
Como para ponerle a esta naciente ley el sello de la improvisación, la sospecha y la abulia, la organización de los foros que supuestamente sirvieron de consulta previa a la ley, los coordinó la discutida diputada Gloria Sánchez, ex presidenta municipal de Juchitán donde la acusan de desvíos multimillonarios de recursos públicos. Esta legisladora, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, hizo tal ordenamiento a troche moche, sólo para cumplir la orden de un juez federal que les fijó el plazo ineludible para aprobar dicha ley. Faltaban solo 48 horas del término que les dio el juez federal cuando la votaron.
LA DESIDIA
¿Y porqué los diputados se resistían a hacer dicha ley? Simplemente por la flojedad.
Ubicados en el Congreso local, debo decir que no pocos advierten que la bancada mayoritaria del Morena anda más en la politiquería, en la consecución de negocios y tráfico de influencias que en su responsabilidad primordial que es la de hacer leyes por lo que se metieron en un brete.
Desde agosto del 2001 juristas de “Litigio Estratégico”, pedían a los diputados una ley de Consulta a los pueblos autóctonos, una legislación necesaria para un estado con población indígena calculada en más del 60 por ciento de la población total.
Aunque es una legislación recomendada en todo el país por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los diputados oaxaqueños se hacían los desentendidos hasta que un tribunal colegiado federal los emplazó para crear la Ley de Consulta Previa en materia indígena.
POR FLOJOS
La advertencia del Poder Judicial federal indicaba que, en caso de no hacerlo, los legisladores de la 64 Legislatura del Congreso del Estado “pueden ser destituidos y ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación”.La sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla en la sesión celebrada el cuatro de abril de 2019 en el amparo en revisión administrativa R-496/2018.
Solo con este acicate cumplieron, aunque no cabalmente. El 30 de septiembre pasado feneció el plazo para iniciar el proceso de elaboración de dicha Ley por lo que los curulecos de las Comisiones Permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, de Democracia y Participación Ciudadana, de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, se vieron obligados a trabajar. No fue para menos, pues en su contra existía la amenaza de destitución y consignación ante el Ministerio Público de la Federación, y la consecuente desaparición de la LXIV Legislatura, por incumplir un amparo del Juzgado décimo primero de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec.
Es un gran triunfo, aún no reconocido, de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, que pidió al Juez federal la separación del cargo de los 42 diputados integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado, en caso de que no cumplieran.
Con tal acción, los diputados de la 64 legislatura del peor Congreso de Oaxaca, no solo serían destituidos, sino puestos a disposición del Ministerio Público federal.
El politólogo Cipriano Flores, estudioso del tema indígena sostiene que la ley no es la adecuada, tiene muchas aristas que no se sujetan a lo que ordena la Constitución. Además, fue una ley surgida de los apuros y la improvisación. Los diputados legislaron obligados por un amparo judicial. Los foros para hacer la ley fueron simulaciones y encuentros arreglados. Hubo hasta acarreados en las supuestas consultas. Esta ley es monopolio del Estado, es juez y parte. Surgió a bote pronto con simulacros como el Foro en la Sierra Juárez. La consulta la hicieron en la región de Tuxtepec por lo que el ausentismo fue total. No hubo ninguna aportación de los serranos.
Fueron eventos a mano alzada, sin discusiones ni consensos. Los organizadores decidían los resolutivos. Los diputados organizaron consultas igual que el INPI, ellos proponen y ellos deciden.
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