Cuando el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dijo públicamente que “hoy no hay dinero, la crisis por la Pandemia obliga a recortes drásticos tanto en el gobierno federal como al del estado”, las llamadas organizaciones “sociales”, reaccionaron con virulencia. Iniciaron una más de sus embestidas brutales contra Oaxaca.
Grupos como Codedi, Codep, Codeci, Coivo, entre otros, formaron dizque una “Alianza de Pueblos Indígenas” y, hasta ayer, llevaban tres días reteniendo vehículos particulares, bloqueando carreteras y la entrada al Aeropuerto. En actitud provocadora secuestraron una pipa de PEMEX llena de gasolina para cerrar el paso.
Su objetivo es lo que dice Murat: arrancarle al gobierno dinero público que nunca comprueban.
Disfrazan sus acciones con la petición de “libertad para presos políticos”. Su fin oculto es impunidad para sus pistoleros.
Lo que no dicen es que todos tienen procesos abiertos, por homicidio, feminicidio, violación y siguen en la provocación. Ayer en Miahuatlán cerraron la carretera y unos vecinos los corrieron a balazos. La Policía no ha recibido la orden de desalojarlos “para no caer en la provocación”. Como siempre, la ciudadanía sufre las consecuencias.
AUNQUE MARCHEN
El gobernador reitera que está abierto al diálogo. “Somos un gobierno que se sienta a dialogar, es la ruta que yo tracé: estoy convencido que es lo que ha traído gobernabilidad y paz social para Oaxaca y así seguirá siendo; invito a estas organizaciones a que también sean responsables no porque marchen va a haber recursos, hoy no hay dinero, quiero dejarlo claro. Lamentablemente la economía está muy deteriorada, no porque marchen y bloqueen habrá más dinero”.
NO SON SOCIALES
Claro y preciso, Murat expresó que también hay grupos que no son organizaciones sociales. Citó el caso de la “14 de junio” cuyo líder tiene orden de aprehensión. “Cuando lo encontremos será detenido. No hay que confundir los temas sociales con los intereses personales porque ahí no hay negociación”.
Para corroborar el señalamiento de no confundir asuntos sociales con criminalidad, me puse a hurgar y encontré que, efectivamente, son delincuentes confesos.
DEFIENDEN A CRIMINALES
El llamado Comité para la Defensa del Pueblo (CODEP) quiere libre a su dirigente Ernesto López no obstante que en el expediente 611205/FMUJ/UFEM/2020 está probado que incurrió en intento de feminicidio y violación. Los delitos los cometió contra su pareja a la que frecuentemente agredía física y sexualmente y muchos vecinos de la calle de Miguel Cabrera, donde ocurrieron los hechos, atestiguaron y hasta grabaron videos por lo que se le vinculó a proceso en abril pasado.
Todo indica que esta mafiosa organización “social” está integrada por enfermos sexuales pues otro de sus dirigentes para el que quieren impunidad, cuenta con orden de aprehensión también por el delito de violación y está identificado como Fabián LS. En el expediente 6119/FVCE/ETLA/2020 está el testimonio de la ofendida Ofelia quien clama justicia.
La mafiosa organización CODEDI que encabeza Abraham Ramírez, es otro de los grupos que exige inmunidad para que sus dirigentes y activistas roben, agredan y asesinen sin castigo alguno. Es el caso de su activista Fredy García Ramírez. A este matarife los acusan en el expediente CI:34734/FCOS/HUATULCO/2019 por los delitos de homicidio con alevosía y ventaja, robo de vehículo y robo. Es el que mató el 6 de octubre del año pasado a un agente de la AEI en Santiago Xhanica, Miahuatlán. Fue detenido y está sujeto a proceso, pero sus contlapaches lo quieren libre.
Otra organización delincuencial digo social, identificada como COIVO también busca impunidad para su pistolero Vidente RM. En la causa penal 476/2018 está probado que cometió feminicidio en contra de Yesenia Sánchez Sampablo. Sus secuaces piden que nadie lo persiga, aunque la AEI y la Interpol andan en su búsqueda.
El membrete COCISS (comité de no sé qué) es otro de los grupos sumados a las recientes medidas de presión. Quieren que la ley no alcance a su matachín Timoteo Carmona Valladares. A este temerario individuo lo señalan en el expediente 460/FMIA/2017 por asesinato de Eligio Ramos. Otros dos pistoleros del mismo COCISS están acusados por el asesinato de Israel Ramos y Adrián Carmona. Para confundir a la autoridad dicen que las víctimas son de su misma organización, pero los deudos lo niegan.
La CODECI que opera en la zona de Tuxtepec, unido a los que en estos días andan violentado las carreteras en busca de impunidad, pretexta que la muerte de su líder Catarino Torres Pereda no ha sido aclarada, pero en mayo del año pasado Manuel Martínez o Luis Agustín fue sentenciado a 35 años de prisión por este crimen. Agustín Torres es recordado por su temeridad. Solía posar para fotografías con pistola al cinto y metralleta en los brazos.
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