El Congreso del Estado de Oaxaca abrió el jueves 27 de abril una peligrosa arma de doble filo que podría colocar a los oaxaqueños y los municipios, si no es empleada correctamente, en terrenos pantanosos al abrir la posibilidad de que los 570 ayuntamientos puedan contratar deuda pública que, en total, podría sumar hasta 4 mil 408 millones de pesos, entregando como garantía participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Como en el ámbito doméstico, no es ilegal contratar deuda pública; al gobierno le sirve de “apalancamiento” a proyectos, siempre y cuando se cumpla en cubrir una urgencia (como compra de un terreno o vehículos para resolver la crisis momentánea de basura, por ejemplo), recibir recursos frescos necesarios para obras y “achicar” los tiempos el laberinto burocrático y los trámites en espera de liberación de recursos. La clave, ocupar los dineros para prestación de servicios, obra e infraestructura pública.
En el rubro administrativo, aplicar los créditos con transparencia, informando a la ciudadanía en qué se ocupa cada peso y cómo se pretende saldar la deuda; cumplir con los plazos de pago de los intereses y del capital pero, sobre todo, evitar empeñar las arcas oficiales o comprometer a las siguientes administraciones con una “deuda eterna” que ahora, por ley, es ilegal.
Los ayuntamientos oaxaqueños, por desconocimiento, incapacidad administrativa, falta de visión, desinterés o temor, no se han visto en la necesidad de echar mano de esa “herramienta” que podría significar el contratar deuda pública. Y qué bueno, aunque alguien podría criticar que ello aplaza el mejoramiento en comunidades, quizá.
De acuerdo al informe Deuda Pública y Obligaciones del pago, que se puede consultar en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas, en estos momentos solo seis de los 570 municipios detentan deuda pública a través de créditos simples al cierre de marzo de 2023; el monto es de poco más de 28 millones 681 mil pesos y los municipios con compromisos son San Pedro Tapanatepec, 8 millones 684 mil pesos; Zimatlán de Álvarez, 11 millones 271 mil pesos; San Pablo Huixtepec, con 4 millones 507 mil pesos; Santa Getrudis, municipio de Valles Centrales del distrito de Zimatlán, con 1 millón 941 mil pesos, Santa María Teopoxco, 2 millones 276 mil pesos y que muestra en ceros sus compromisos.
Entre febrero y marzo Teopoxco, Santa Gertrudis y Tapanatepec realizaron pagos por 452 mil 086 pesos, nada oneroso.
Para un rubro de la administración pública de Oaxaca poco afecta a endeudarse se abre un suculento bocado: el dinero fresco con cargo a participaciones futuras. Y empiezan los peros: ¿conocen los municipios sobre los mecanismos para negociar créditos? ¿Saben la diferencia entre contratar obligaciones crediticias con la banca pública y la comercial? Los seis municipios muestran que sus créditos vigentes lo son con Banobras, quien demanda cumplir con explicar (y demostrar) las metas a que se destinarán los recursos, plazos de liberación (y de pago) y demostrar de forma documental y física las obras realizadas. Con la banca comercial, esto es más laxo, siempre y cuando se cumpla con el pago de capital y el servicio de la deuda.
La deuda pública se ha convertido en un escalón un tanto más “sofisticado” para la corrupción. Para la realización de obras aparecieron personeros, intermediarios u “organizaciones” que negociaban liberación de recursos con diputados, en el Congreso o instancias del gobierno estatal, a cambio, esos personeros imponían un diezmo o hasta 30% del capital conseguido o, en su defecto, la contratación de obra con constructoras legales o fantasma que, en muchas ocasiones dejaban a las comunidades o autoridades “colgados de la brocha”. Este esquema ha sido y es fuente de graves problemas comunitarios, de corrupción, desvíos y malos manejos en favor de quienes, muchas veces ni siquiera viven en las comunidades.
En el dictamen se lee que será la Secretaría de Finanzas, a través de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago quien recibirá los recursos del FAIS y de los créditos pactados “libremente” por los municipios a partir de convocar a concursos y elegir los que ofrezcan las mejores condiciones, pero, al final, un fideicomiso ajeno a la autonomía de los ayuntamientos que liberará recursos y, en su caso, cobrará a lo chino los cumplimientos y obligaciones de las autoridades municipales.
El riesgo es que las autoridades municipales comiencen a escuchar los “cantos de las sirenas” y presten oídos a cabilderos, negociadores u organizaciones que los convenzan para obtener financiamiento entregando en prenda dinero público de las participaciones federales a cambio del dinero rápido y fácil, cobrando un porcentaje, imponiendo organismos crediticios con quienes pactar los recursos ofreciendo jugosas “recompensas” a quienes firmen o negocien al interior de cabildos en busca de autorización.
¿Cómo controlará el congreso el caso hipótetico que reciba un alto porcentaje de solicitudes de deuda de parte de los 570 municipios? Recordar que este mismo congreso, con dos o tres diputados diferentes, fue el que dio luz verde a la deuda de 3 mil 500 millones de pesos de Murat que estaba destinada a otro objetivo y que concluyó con fraudes como Símbolos Patrios, el Centro Cultural Álvaro Carrillo o el Circuito Interior y es hora que no se ha llamado a cuentas a los responsables.
Se abre la puerta a cabilderos, a la corrupción, a funcionarios, compadres o hermanos “incómodos” y a un jugoso y factible negocio en detrimento de las haciendas públicas municipales, el primer contacto con la ciudadanía. Algunos municipios hoy mismo, como Nochixtlán o San Jacinto Amilpas afrontan convulsión por presuntos actos de corrupción, y eso que aún no hay deuda pública de por medio.
Y ¿es necesario?
