Ante las actuales condiciones ambientales, es necesario mejorar el medio ambiente urbano promoviendo la organización social y la conciencia sobre su deterioro mediante la participación de comunidades locales en la determinación de los servicios públicos, la dotación de infraestructura urbana y la protección o rehabilitación de viejas edificaciones, recintos históricos y otros elementos culturales.
Deben activarse los programas de trabajos verdes, con el objeto de crear actividades sostenibles de desarrollo humano y oportunidades de empleo para ciudadanos con bajos ingresos.
Preparar a grupos de comunidades, organizaciones no gubernamentales e individuos particulares para que asuman la autoridad y responsabilidad de ordenar y mejorar su entorno mediante instrumentos, técnicas y criterios de participación para todo lo relacionado con el cuidado del Medio Ambiente.
Es urgente reglamentar respecto de la contaminación atmosférica para evitar que la entidad alcance niveles alarmantes de contaminación como los ocurridos en la Ciudad de México, así como disminuir la emisión de efecto invernadero, principalmente reacciones químicas derivadas del azufre nitrógeno o bióxido de carbono que están saturando la atmósfera.
A pesar de que Oaxaca está en el primer lugar por la concentración de recursos naturales, enfrenta un serio rezago en materia de protección legal del medio ambiente, que debe obligar al Congreso del Estado homologar los criterios para actualizar las normas que tienen que ver con las emisiones de efecto invernadero.
Empleos informales
Cada vez más oaxaqueños carecen de acceso a fuentes de trabajo formal y se ven obligados a ocuparse en actividades de sobrevivencia, pues actualmente los flujos de inversión no llegan o son escasos e insuficientes para generar infraestructura y fuentes laborales legales. Los recursos federales no se traducen en obras de infraestructura y generación de empleos formales que contribuyan a reducir los índices de informalidad en las entidades federativas donde sobresale Oaxaca.
La informalidad aumenta en los estados más pobres del país, pues en 15 de las 32 entidades federativas, la tasa de informalidad laboral supera la media nacional, que es de 59 por ciento de la población ocupada. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son las tres entidades con los más altos niveles de informalidad y están también en la lista de los estados con los mayores porcentajes de población en situación de pobreza.
Esta es una de las causas por la cual no crece la economía local y ante esa situación la gente busca qué comer a través de actividades informales. Lo anterior complica problemas como la falta de seguridad social y de fondos de ahorro para el retiro, que a mediano plazo terminará afectando las finanzas públicas de la nación.
La cultura de la legalidad es a través de la cual se logran formar empresas e instituciones que a su vez generan la posibilidad de que la población tenga un mejor servicio en el IMSS, que exista Infonavit, Fonacot y otras instituciones. Quienes conforman al sector informal no pagan impuestos, buenos salarios, ni atención médica a sus colaboradores, lo que genera incertidumbre y mayores daños a la economía.
