En los dos últimos sexenios, pero principalmente en el régimen de Gabino Cue, se dio el saqueo más brutal de las arcas en medio centenar de Ayuntamientos y Administraciones Municipales. En una de las últimas entrevistas que tuve con algunos funcionarios de lo que llamaban Auditoría Superior del estado (ASE), calculaban en unos 3 mil millones de pesos el monto de dinero desviado en los municipios donde el Congreso de Gabino, impuso administradores municipales y acaldes corruptos.
Hasta el momento, esos depredadores del dinero público gozan de absoluta impunidad. Muchos de los diputados que apadrinaron a esos ediles ladrones, siguen en el poder, otros saltaron al Morena, como Ericel Gómez.
Diversos medios han documentado acciones ilegales del despacho contable de Alfonso Esparza, para disfrazar esos saqueos. El mismo titular de la ASE, Carlos Altamirano, declaró que “cada que aplicamos auditoría en algún Ayuntamiento, los primeros que se oponen son los diputados”.
A principios del mes pasado, el Fiscal Anticorrupción (una instancia sin recursos y, por lo mismo, sin dientes ni garras), Jorge Emilio Iruegas anunció que “en breve” presentaría un primer paquete de solicitudes de órdenes de captura contra mil 500 exautoridades: presidentes municipales, administradores, síndicos y regidores, implicados en presuntos casos de corrupción por el desvío de unos 3 mil millones de pesos.
El mismo fiscal reveló que, aún con la escasez de recursos, ha integrado unas 3 mil carpetas de investigación por casos de corrupción, de los cuales más del 50 por ciento son en contra de exautoridades municipales. Hizo una revelación sombría: los niveles más altos de desvío de recursos públicos se han detectado en municipios de Oaxaca. Eso dijo. Lo lamentable es que, hasta el momento, no hay un solo administrador o presidente municipal procesado por esos latrocinios.
Hay escepticismo cuando el fiscal anticorrupción acepta que “Oaxaca sigue siendo modelo de corrupción a través del contratismo y el tráfico de influencias”. Vale recordar que las influencias fueron de diputados como Adolfo Toledo Infanzón, Alejandro Avilés, Ericel Gómez, entre otros, porque desde el Congreso, impusieron al mayor número de presidentes y administradores municipales que ahora son investigados.
INTELIGENCIA FINANCIERA
Por eso digo que hay pesimismo, pero también hay un hecho que despierta expectativas: la instalación en Oaxaca de una representación de la Unidad de Inteligencia Financiera ¿Qué significa?
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la firma del convenio con el gobierno de Oaxaca va en serio. Lo medular será el intercambio información con la federación para investigar los casos de enriquecimiento ilícito.
El fiscal anticorrupción reconoce que, aunque en Oaxaca no está tipificado el delito de lavado de dinero, el camino de la investigación es el enriquecimiento ilícito, en tanto se promueve una ley sobre la operación de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El Fiscal General, Rubén Vasconcelos, también manifiesta optimismo por el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera que permitirá, dice, agilizar investigaciones no solo contra funcionarios de gobierno, también de la delincuencia organizada.
Diputados, lo mismo
Lo contrario es que, pese a los focos rojos que han encendido tantos delitos de corrupción desde las esferas del gobierno, el Congreso del estado nada dice del espinoso tema. Lo más que ha dicho la presidenta de la Comisión contra la corrupción, María de Jesús Mendoza, es que apenas están promoviendo en los municipios los comités anticorrupción. Conmueve esta dama al decir que apenas en un 20 por ciento de los 570 municipios, han aceptado involucrarse en los temas de combate a la corrupción. Confiesa que el Congreso ni siquiera tiene referencias de los desvíos de dinero público en que incurren los ediles. La triste realidad es que si no tienen ninguna información nunca los van a investigar.
Evasivas
Hay mucha resistencia en todos los municipios a pesar de la reciente modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado y municipios de Oaxaca, donde se ordena que los concejales, tesoreros, contralores, hasta jefes de departamento, Agentes Municipales y de Policía, presenten su declaración patrimonial y de intereses, ante la Secretaría de la Contraloría y su declaración fiscal anual. Nadie lo hace.
La laxitud en estas normas conviene a todos los altos funcionarios apegados a la opacidad, nadie hace por cumplir con la ley no obstante que ya fue publicada la reforma de la ley correspondiente que ordena que las declaraciones presentadas ante la Contraloría y los órganos de control interno deberán ser remitidos en un plazo no mayor de 30 días al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.
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