El pasado viernes por la mañana corrió como reguero de pólvora, la aprehensión en Italia, por parte de la Policía Internacional (Interpol), del Notario Público Número 135 en Oaxaca, Jorge A. Gómez Merlo, quien fue ubicado por las autoridades como presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación de otras garantías. Lo anterior, derivado de investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGEO), que permitieron la obtención de la orden de aprehensión. Como en su tiempo lo dimos a conocer en las páginas de EL IMPARCIAL, El Mejor diario de Oaxaca, el aludido fue ubicado, junto con funcionarios, servidores públicos, notarios y abogados, en un grupo delictivo señalado como Cártel del Despojo, un tema que en su momento fue abordado incluso, en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador.
El despojo ruin de propiedades, bienes intestados o de personas mayores que tardaron años en pagar sus prediales, entre otros, estuvieron en la mira de una organización cuasi delictiva que logró a través de artimañas legaloides, hacerse de decenas de predios. En este entramado de complicidades, hubo casos de usurpación de identidad, de cambios o desapariciones de nombres en el Registro Civil y hasta amenazas de muerte para quienes no cedían a las presiones de quienes, en su momento, tenían la protección del gobierno estatal. Hace poco más de un mes fue detenido y consignado al penal de Tanivet, Tlacolula, quien fuera director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO). Otros de los presuntos vinculados, huyeron del país, como el caso del mismo Gómez Merlo, que se escondió en Italia o del ex titular del Instituto de la Función Registral (IFREO), Gilberto Gamboa Escobar que, con cinismo, exhibió en redes sociales un pasaporte de España, a donde presuntamente se nacionalizó.
El avance hasta hoy para castigar a los presuntos miembros del referido Cártel del Despojo, son magros. Hay todavía una importante hebra qué expl0rar y consignar. Como a tiempo lo comentamos, existe una red de complicidades entre cuestionados fedatarios públicos y abogados, a los cuales, se les tiene que pasar por el rasero de la ley sin distinción alguna. Esperamos que en breve haya más noticias sobre este espinoso asunto o el proceso de restitución de los bienes a aquellas personas de buena fe que fueron despojadas de sus bienes y patrimonio.
Funcionarios cuestionados
Por enésima ocasión fue puesto bajo la mirada de los medios, la absurda complicidad y protección hacia el Coordinador de Operación Regional de la Secretaría de Gobierno, Donato Vargas Jiménez, a quien se ha mantenido en el cargo, no obstante, los señalamientos de mujeres mixes que lo acusan de acosador y de incurrir en violencia de género. Como se recordará, hace al menos un par de años el aludido se convirtió en tendencia en redes sociales, cuando se le acusó de estar exhibiendo fotos íntimas sin su consentimiento, de mujeres de la etnia triqui. No fue el único, sino que, en complicidad con otros trató de hacer un espectáculo con aquello que la misma ley prohíbe y sanciona. Antes de la Semana Santa, el mismo Donato Vargas fue exhibido completamente ebrio, cuando jugaba con algunos de sus cercanos, quienes le acercaban a la boca un bidón de alcohol.
Cuando los medios cuestionaron al titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López sobre los excesos, escándalos y señalamientos de su colaborador cercano, espetó que había que serenarse y dejar los ladridos. Insistió en que la Primavera Oaxaqueña significa un cambio y que había quienes se resistían al mismo. En la misma tesitura se pronunció el gobernador Salomón Jara, en lo que fue considerada por la opinión pública, como una burda defensa y protección al citado funcionario. El lunes 10 de abril, dos mujeres, presuntamente víctimas de los abusos de Vargas, convocaron a una rueda de prensa en la que dieron pelos y señales del comportamiento del mismo y de su tendencia a la violencia en contra de las mujeres.
La cuestión ha ido más allá ahora que el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, admitió que, en efecto, el aludido cuenta ya con una carpeta de investigación sobre violencia familiar, aunque la misma está en etapa de investigación para robustecerla. Lo cierto es que, este tipo de funcionarios ponen en un brete a la gestión del ejecutivo estatal, quien sin miramiento alguno debe evitar seguir metiendo las manos. Si existe lealtad e institucionalidad hacia la figura de Jara Cruz, el referido funcionario debe renunciar y dejar el cargo. El golpeteo al actual gobierno por parte de colectivos feministas y otras organizaciones puede ser evitado y terminado con una solución drástica, dado que, el tal Donato se ha engreído en que tiene toda la protección para seguir afectando la administración estatal.
