En los seis meses y medio de gestión del gobernador Salomón Jara, se han dado movilizaciones, paros, bloqueos y acciones de presión que se han identificado como mecanismos perversos para desestabilizar a esta administración. En sus conferencias de prensa de los lunes, ha mencionado a personas que están empecinadas en generar problemas a la gobernabilidad, ello, aparte de dirigentes de grupos y organizaciones sociales que, luego de ser expulsados del directorio de los beneficios económicos de que siempre disfrutaron, están empecinados en que los suban de nuevo. El mejor ejemplo de ello, es el dirigente del Comité para la Defensa Ciudadana (Codeci), Gaudencio Torres Pereda, el mismo que lucra con la muerte de su hermano Catarino, ocurrido en 2010, para seguir extorsionando al gobierno en turno. Ya fue desenmascarado por el titular de la Secretaría de Gobierno. Exigía 500 mil pesos mensuales para dejar de movilizarse.
En diversas ocasiones el ejecutivo estatal se ha referido al ex gobernador José Murat y alguno de sus leales, como operadores de presiones y chantaje. En alguna ocasión se le puso nombre y apellido a uno de los presuntos responsables de la inseguridad: José Manuel Vera Salinas, ex Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). También se señaló al jefe de los llamados “Pozoleros”, el diputado federal Irán Santiago Manuel, de estar manipulando a vándalos de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO) que, durante al menos dos meses, mantuvieron su plantón en el Centro Histórico de la capital. No obstante, los arreglos y gestiones para lograr plaza docente, los normalistas causaron destrozos y disturbios, como cuando pretendieron quemar un autobús del servicio urbano en protesta por la detención en flagrancia de uno de sus líderes, cuando asaltaba el almacén del IEEPO.
La semana pasada, a raíz de la cerrazón de comuneros de Santa María Chimalapas, de bloquear la carretera Transístimica, a la altura del paraje El Mezquite, por una supuesta falta de atención gubernamental, el mismo ejecutivo estatal lamentó que detrás de dichos comuneros estuviera el ex Consejero Jurídico del ex gobernador Gabino Cué, Víctor Hugo Alejo Torres, quien, como recordamos, tuvo a su cargo el tema de Chimalapas en dicha administración. Uno a uno pues, en el gobierno estatal se sigue quitando la máscara a quienes, por dinero o capital político, insisten en hacer de Oaxaca una tierra de nadie.
El sobado método
En Oaxaca, en sus ocho regiones, está ya tatuado en la mente de los vecinos, el abominable método del bloqueo a carreteras y cruceros citadinos para lograr los propósitos de dos o tres líderes que son los que negocian debajo de la mesa. Es el caso de Los Chimalapas de que hablamos antes, empecinados en que les pongan una mesa de diálogo con autoridades federales. Para ello, mantuvieron prácticamente paralizada algunas entidades como Oaxaca, Veracruz y Chiapas, con sus bloqueos carreteros en El Mezquite, en la carretera Transístmica y otro más en la 190, entre La Ventosa y Niltepec. Durante días, tracto-camiones con mercancía, combustibles, fruta, animales, etc., estuvieron varados, sin una razón lógica para que, por un tema presuntamente agrario, el ciudadano tenga que ver conculcados sus derechos de libre tránsito.
En Oaxaca, lo hemos dicho hasta el cansancio, los bloqueos forman ya una cultura; una institución. Cualquiera la utiliza con propósitos insanos. Es la forma más ruin de afectar los derechos humanos de terceros. Entre los zoques o mestizos de Chimalapas, según quejas de los afectados, parece haber un gran resentimiento, seguramente por el abandono en que han estado por siglos. No todos los manifestantes lo hicieron por la vía pacífica. Hubo sujetos provistos de armas largas, en franco reto al Estado de Derecho y al gobierno. Como los del Bajo Mixe, de San Juan Mazatlán en los tiempos de la pandemia, simplemente impidieron el paso de ambulancias con personas heridas. Llegó a tal su inconciencia y cerrazón que poco les importó que en decenas de unidades varadas viajaran ancianos y niños; personas enfermas; mujeres con citas médicas. Esto es lo que el gobierno, más allá de la cacareada libertad de expresión debe castigar, al menos a los instigadores de ese abominable método.
El gobierno de Salomón Jara ha dado muestras de que dicho método es una ofensa a la gobernabilidad y la paz social. He ahí el eje del desalojo de algunos grupos que hace dos o tres meses, pretendieron dejar encerrados a funcionarios y empleados en el Palacio de Gobierno. La intervención de las corporaciones policiales y, de ser el caso, de los elementos de las Fuerzas Armadas, ante una afectación colectiva que no sólo daña la economía, sino que vulnera el clima de libertades que nos garantiza nuestra Carta Magna. Desde hace mucho, entre los oaxaqueños existe un hartazgo generalizado ante este aberrante método de protesta.
