La semana anterior, vecinos de la Unidad Habitacional del ISSSTE, al norte de la capital, amenazaron bloquear las vialidades por dicha zona, que sirve como desfogue cuando hay problemas graves en la vialidad, como protesta por la falta de atención a la denuncia de que tienen semanas con una fuga de aguas negras, sin que el organismo operador, SOAPA y el gobierno municipal, hayan tomado debida nota. Como lo comentamos en días anteriores, pueden pasar días y hasta semanas para que una queja o denuncia sobre fugas o ruptura de tubos sea atendida por las autoridades. Así como ésta hay muchas más. Por ejemplo, hace una semana, de la noche a la mañana, se instaló una caseta metálica en la calle de Independencia, casi al llegar al Jardín Sócrates, de dimensiones aproximadas de 16 metros cuadrados. Vecinos manifestaron en redes sociales su inconformidad, pues obstruye el paso peatonal en dicha zona.
Sin embargo, el gobierno de la ciudad sólo ha dado evasivas. De manera extraoficial, dado que no cuenta con un canal de comunicación confiable y veraz, dio a conocer que sólo estará ahí hasta el mes de diciembre, aunque luego retrocedió y la quitaron. Lo que se sabe, empero, es que varios comerciantes del Mercado de Abasto están siendo reubicados en distintos puntos de la ciudad. Esta acción denota que, en el municipio de Oaxaca de Juárez existe una política contradictoria y de doble discurso en relación al comercio en la vía pública. A ello hay que agregar que existe mucha opacidad en el destino de los recursos que llegan a la Tesorería Municipal por concepto del pago de impuestos de aquellos comerciantes que reciben autorización para instalar puestos en ferias artesanales en temporadas vacacionales.
Desatender denuncias e incurrir en penosas omisiones se ha vuelto una práctica recurrente en el gobierno de la capital. Por ejemplo, del tema de la basura y del manejo de los residuos sólidos urbanos, el edil Francisco Martínez Neri se desentendió por completo. Tuvo que entrar a tomar al toro por los cuernos el gobierno estatal, sin que hasta el momento haya una solución definitiva. En el tema de la inseguridad citadina, el área correspondiente ha sido una completa nulidad. He ahí el por qué según encuestas realizadas entre la ciudadanía, al menos el 78% se siente inseguro en la calle, en los cajeros bancarios y en los autobuses urbanos.
Consulta al revés
Desde el 17 de abril en que el gobernador Salomón Jara anunció la construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), hasta el momento, han ocurrido muchas cosas que hacen entrever que dicho proyecto nunca fue consensuado con las comunidades, tampoco fueron objeto de consulta ni, mucho menos, tiene la anuencia definitiva de la comunidad completa de San Lorenzo Albarradas, en cuya jurisdicción, se presume, será construido. Como lo hemos publicado en nuestras páginas en días anteriores, las asambleas comunitarias de Villa de Mitla, San Isidro Roaguía y hasta de Albarradas, se han pronunciado con una tácita negativa. Lejos de atender de raíz el problema, en la Secretaría de Gobierno, responsable de los arreglos previos al anuncio gubernamental, se han estado buscando responsables y culpables reales e imaginarios de lo que hasta hoy no se ha concretado.
En los tiempos de la llamada Cuarta Transformación se ha convertido en una especie de mito la famosa consulta a las comunidades sobre cualquier proyecto que se pretenda llevar a cabo. Dicha consulta debe ser libre e informada. Sin embargo, el caso del CIRRSU se pretendió llevar a cabo un controvertido proyecto, en la total opacidad, a fin de que no hubiera oposición de las comunidades receptoras o en el tránsito de los camiones cargados de desechos. Cuando asomó la inconformidad, en el gobierno estatal han pretendido revertirla con vistas a plantas de procesamiento de basura, como la de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a donde la semana pasada se invitó incluso a periodistas. Es obvio que ello no es suficiente. Hay quejas de que cuando las asambleas esperaban la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobierno para darles a conocer el proyecto, éstos simplemente dejaron plantados a los vecinos.
Desde el principio pues, se dio un error político. Nada, absolutamente nada se puede hacer si antes no se tiene la anuencia de las comunidades y de sus autoridades. ¿Dónde está pues el respeto a la voluntad del pueblo? En los tiempos de la 4T ya es convirtió en un eslogan el dicho de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, pero tal parece que aquí se va al revés. Lejos de trabajar y dialogar con los ediles y autoridades comunales, se les ha estigmatizado, con calificativos de perversidad e intereses bastardos. Aún hay tiempo para poder resarcir errores. Ojalá que haya cordura y madurez para poder revertir la ola de inconformidad que ya se ha generado.
