Desde hace varios años nuestro estado presenta una mayor superficie deforestada, con 1.9 millones de hectáreas y una tasa de deforestación de 30 a 35 mil hectáreas anuales, causadas principalmente por el cambio de uso de suelo, -de forestal a agrícola-, incendios forestales, plagas y clandestinaje. A los incendios forestales se debe agregar la tala indiscriminada con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para el pastoreo de ganado.
La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua.
En un escenario catastrófico, hoy se recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también es una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el sector financiero.
Ante la advertencia de que ciertos territorios en Oaxaca pueden llegar a enfrentar sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales serían catastróficas. Por eso se necesita un plan de acción climática integrado que aborde tanto las estrategias de adaptación y de mitigación como la reducción de riesgos derivados de la crisis climática.
Abandonados
Al margen de que nuestros pueblos enfrentan problemas de pobreza económica, marginación y exclusión social, las causas de esta problemática son múltiples e históricas, de ahí la necesidad de garantizar en todo momento el debido reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la libre determinación y, por otro, coadyuvar en su desarrollo integral y sostenible.
Las poblaciones indígenas en México tienen una clara desventaja para el acceso a derechos sociales y bienestar económico, como lo muestran cifras aportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo y las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
A pesar de que pasa el tiempo, los anhelos por desterrar la exclusión y la marginación de todos ellos en el estado siguen pendientes, como consolidar y fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca. Urge revertir la discriminación, la exclusión, la marginación y las injusticias que han vivido dichos pueblos, que tal parece dejó de importar a los representantes populares.
Se debe de insistir en impulsar efectivamente el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo de una manera integral y sustentable. Realmente sentar las bases para enfrentar de manera integral la exclusión y marginación de los indígenas que han padecido desde hace muchos siglos. Crear las condiciones para que en los próximos años se vayan superando, ya que los pueblos indígenas son portadores de una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, en cuyos territorios yace una invaluable riqueza de recursos naturales.
