En México como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos, así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.
Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.
Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.
Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.
Desigualdad
El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños. Y si bien la mortalidad materna es evitable si las mujeres gozan de una buena atención prenatal, durante el parto y el puerperio, en las comunidades indígenas tiene una alta prevalencia.
Si hay un grupo de población que carece de acceso a servicios educativos de calidad es el de los pueblos indígenas, ésta se ve afectada en mayor medida en sus derechos educativos que la no indígena. El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
La desigualdad no es sólo un fenómeno que esté relacionado con la cantidad de dinero que pueda generar un individuo en comparación con otro, también identifican las diferencias entre regiones y grupos. La desigualdad territorial y desigualdad basada en la discriminación de grupos enteros de la población que comparten alguna característica sigue vigente en nuestro país pero en especial en nuestra entidad.
A todos ellos agobia la desigualdad basada en la discriminación cultural, lingüística, étnica, de género, de orientación sexual, de personas con capacidades diferentes y discriminación, con base en religión y en creencias. Además de los problemas de salud de las mujeres indígenas, se agudizan por la desnutrición y el trabajo físico excesivo e inclusive la violencia familiar, así como por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos.
Según INEGI, la esperanza de vida en los municipios indígenas en comparación con los no indígenas es cuatro años menor, 64 años y 68 años respectivamente. La tasa de mortalidad infantil es significativamente mayor también en los municipios indígenas que en los no indígenas.
