Durante los últimos cinco años, la llamada Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ha sido algo más que un ente burocrático y cerrado a las causas de quienes han buscado su apoyo y recomendación. Según los críticos, su visión de la vigencia de las garantías individuales en Oaxaca ha sido sesgada, con enfoque político más que jurídico. Lejos de investigar los temas de abierta violación a las garantías individuales, su tendencia ha sido la de otorgar al por mayor medidas cautelares, que se han convertido, como en el caso de algunos grupos, en patentes de corso para arremeter en contra de proyectos gubernamentales o privados. Fuentes del interior de la DDHPO revelan que su titular casi nunca está en Oaxaca y que su vida transcurre fuera del estado. La pregunta es: ¿y cuándo un ombudsman ausente puede cumplir con su papel en la defensa de los derechos humanos de los oaxaqueños y responder de manera institucional al reto que ello implica? En el mismo tenor ha trascendido que la instancia es coto de poder de personajes conocidos en la entidad por su activismo político. Esto es, la Defensoría estaría cumpliendo sólo el propósito de ser plataforma de intereses particulares.
Lo anterior es una reflexión que eventualmente podría servir a los señores y señoras diputadas que tienen a su cargo la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura, que les permitan normar sus criterios y evitar, ahora que ya se lanzó la convocatoria para el relevo del actual ombudsman, se siga convirtiendo en un vertedero de tráfico de influencias y conflicto de intereses. En Oaxaca, estamos seguros, existen personas y profesionales bien calificados para ocupar tan importante cargo. Los hay –hombres y mujeres- que se han forjado en la lucha por hacer realidad las garantías individuales, no sólo en el entorno de los pueblos indígenas sino en general. Un buen análisis de los perfiles puede incidir en no darle entrada a farsantes y mitómanos, como ha ocurrido en algunos casos, pues de inmediato pervierten la verdadera naturaleza de la misión que tienen en sus manos. Tampoco se trata de politizar la Defensoría, pues ello le resta importancia a su esencia. Este órgano debe estar más allá de las componendas y cotos de poder, así como de los partidos políticos o grupos que se disputarán la supremacía. La sociedad civil es la que debe vigilar y salvaguardar la independencia e integridad de la DDHPO.
Extinción de dominio
Hace poco más de un mes la LXIV Legislatura del Estado aprobó la llamada “extinción de dominio”. Se trata de una vieja petición de la sociedad civil oaxaqueña, habida cuenta del saqueo tan impresionante que se ha dado de las arcas públicas en los últimos años. Pero cuál es el fondo de dicha iniciativa que generó tantas controversias. El meollo del tema es que el Estado puede, cuando los elementos de juicio y prueba así lo demuestren, expropiar o enajenar los bienes inmuebles o muebles que el ex funcionario sujeto de investigación por fraude, peculado o desvío de recursos haya adquirido con los recursos que mal utilizó. En realidad se trata de algo muy necesario en Oaxaca, habida cuenta de los miles de millones de pesos que se han diluido en cuentas personales o de familiares, que han sido cínicamente sustraídos del erario estatal. Todos recordamos por ejemplo, al ex Secretario de Finanzas del gobierno de Ulises Ruiz, Miguel Ángel Ortega Habib, cuyos familiares fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, cuando depositaban en efectivo cantidades millonarias, que incluso llevaban en maletas de viaje. Dichas personas fueron consignadas como presuntos responsables de usar dinero de procedencia ilícita.
En la administración de Gabino Cué fueron varios los funcionarios que se llevaron el estigma de haber saqueado las finanzas estatales. No se trata sólo de quienes pisaron prisión y ahora llevan su proceso en libertad, sino de otros más arropados por la impunidad o por arreglos oficiosos debajo de la mesa. Hay quienes disfrutan del saqueo en propiedades en el extranjero, pisos en Madrid o departamentos en Nueva York o París. Y lo hacen sin que nadie los moleste. En dicho gobierno se calcula que el quebranto fue mayor a los 14 mil millones de pesos, que algunos ponen como una cifra conservadora. Pero los responsables gozan de cabal salud, precisamente porque no hay voluntad política para perseguirlos y que paguen por sustraer dichos recursos públicos. Y es que aquí pasa algo: cuando Cué Monteagudo ofreció ir sobre 32 ex funcionarios presuntamente involucrados en malos manejos, empezaron aparecer en su mismo gabinete, datos de cercanos que estaban con las manos más sucias de los que se habrían de perseguir. Con la extinción de dominio se puede recuperar algo de lo mucho que Oaxaca ha perdido por el saqueo de malos funcionarios y de verdaderos delincuentes de cuello blanco.
