— La relevancia de la división del ejercicio del poder
JORGE E. FRANCO JIMÉNEZ
Los últimos dos años del periodo presidencial en México han sido críticos pues es cuando, el ahora destapador, enfrenta la realidad de lo que ha resaltado positiva o negativamente del proyecto que propuso llevar a cabo para el pueblo durante su ejercicio, lo que implica en sí un elemento que impacta en los sectores interesados por los beneficios que recibieron o a los que se los quitaron, en uno u otro sentido, acentuada por el impulso creciente que tienen los aspirantes a suceder al Presidente López Obrador, en el partido político del que, sin duda, es el caudillo aún.
Desde luego la evidencia muestra que, algunas partes medulares, de lo que el Presidente impulso como cuarta transformación, han sido rechazadas y anuladas institucionalmente por el propio poder, como expresión efectiva, no aceptada por él, de lo que es el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir de lo que es el objetivo democrático de una Constitución, evitar los actos arbitrarios o despóticos de una sola persona o grupo, en detrimento de derecho inalienable del pueblo del pueblo de que se respeten sus derechos fundamentales y a las instituciones que los protegen.
La cuarta transformación se ha ido quedando sin contenido en cuanto que la Guardia Nacional que no quedó constitucional ni legalmente bajo el control del ejército, aunque de facto el presidente no le ejecute así; el próximo destapador lo tendrá que hacer; la debilitación de la autonomía del órgano electoral mediante una reforma legal, ya que la constitucional no la pudo cristalizar, al no contar con la mayoría parlamentaria necesaria para ello; hoy la legal fue totalmente anulada y sin posibilidad de aplicarse en el proceso electoral de presidente, senadores, diputados federales al congreso; el debilitamiento de la Suprema Corte en cuanto a sus miembros no la pudo cristalizar; sus grandes obras parecen rezagadas y seguramente mostrarán, en el futuro, el dispendió alarmante de recursos; la corrupción sigue adelante con nuevos enfoques y procedimientos y la impunidad prevalece en casos relevantes para algunos de sus colaboradores. Seguridad, salud y educación son otros rubros vacíos.
La cuarta transformación le dio vida sin preverlo ni quererlo, a la necesidad de preservar y fortalecer el principio de la división del ejercicio del poder en nuestro país, para evitar la arbitrariedad del propio poder mismo que ha transitado históricamente en un periodo amplio de caudillaje que permitió por muchos años el depender, la voluntad constitucional del pueblo, de una sola persona, acentuada en pleno siglo veintiuno, al intentar menoscabar todo aquello que se oponga a la voluntad del hoy destapador de corcholatas, lo que es contrario al sentido democrático de los países con una Constitución.
Como evidencia de lo anterior, tomo una consideración de la Suprema Corte relativa a la frustrada reforma electoral presidencial, declarada el 22 de este mes inconstitucional, en la parte que el Ministro ponente Laynez Potisek dice, “En sentido inverso, las dos iniciativas de reforma sometidas a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión vespertina semipresencial de seis de diciembre de dos mil veinte representaban, en su conjunto, más de quinientos diez artículos, es decir, …, el objeto de este proyecto, con cuatrocientos cincuenta artículos, lo que, en su conjunto, estaba representando más de quinientos diez artículos, algunos o muchos de ellos, de gran complejidad técnica, es decir, se estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del órgano constitucional autónomo INE más importante en los último, veinte años, que no fueron dictaminadas y que fueron discutidas y aprobadas en un período de cuatro horas y media. Es evidente que los integrantes del Congreso no tuvieron o no podían o no es factible ni físicamente válido o razonable poder considerar que se les otorgara la mínima posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas y, muchos menos, opinar a conciencia sobre el contenido de las mismas…por lo tanto resulta claro y evidente que sí se violenta el principio de liberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran, ni siquiera superficialmente, el texto de lo que estaban votando.”
Este es un ejemplo del riesgo que implica el que el voto ciudadano entregue sin restricciones el poder a una facción encabezada por un caudillo, pues lo asume sin límites y sin discusión convirtiéndose en una maquina aplanadora de voluntades, con lo que el pueblo le dotado, para ello asume la fuerza violenta del ejército y el control de los recursos públicos, la maximiza y para reafirmar a futuro ese objetivo, anuncia un próximo plan para su sucesor, menoscabe el único bastión autónomo interno que nos queda a los mexicanos, la Suprema Corte, denostada cerrilmente, pero fortalecida por una digna profesional del derecho su Presidenta la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Estos hechos reales deben guiar el sentido del voto no solo para presidente sino para elegir diputados y senadores al congreso, y legisladores locales, pues hoy quedó demostrado que una facción mayoritaria causa un severo daño al postulado democrático del pueblo mexicano y sus derechos fundamentales. Defender a la Suprema Corte y al INE con el voto ciudadano es blindar los derechos humanos y la democracia de los mexicanos frente al poder.
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