“Los obreros al poder, los obreros al poder”, era una de las consignas que la vieja izquierda coreaba en la década de los setentas en sus marchas de protesta, cuando la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO), abanderaba luchas populares, a la par que invadía tierras de latifundistas en algunas poblaciones del Valle Central.
Años en que el silbato de la única fábrica que existía en Oaxaca, Triplay y Novopan de México, anunciaba el cambio de turno de sus obreros de ese inmueble localizado en las riberas del río Atoyac. Era también el reloj de los habitantes de la ciudad de Oaxaca, pues sonaba puntual, preciso.
Muchos de los funcionarios del gobierno actual, presumen haber militado en la izquierda; de militar en sus organizaciones; de estar al lado de las luchas del pueblo.
¿La izquierda de antes, era más solidaria con los obreros y los campesinos, que la de ahora? ¿O al revés? La pregunta surge, porque este miércoles, varios de los obreros que trabajaron en Novopan, y que no han sido indemnizados, fueron echados con policías del predio que mantienen en posesión desde hace 20 años. Ya sabrá usted por qué. Sí, ahí el gobierno de la 4T construirá su máxima obra que se llamará “Parque de la Primavera Oaxaqueña” en donde se invertirán 260 millones de pesos.
Pues este miércoles, cuentan los extrabajadores de Novopan de México afectados por la expropiación del terreno por parte del Gobierno del Estado, que la Secretaría de Gobierno envió a un comisionado para “invitarlos” a salirse del predio que mantienen desde hace más de 20 años.
El comisionado de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Rueda, por órdenes de Jesús Romero, llegó al predio en disputa con decenas de policías estatales y maquinaria pesada y amenazó con desalojarlos por la fuerza, por lo que, los señores, ya viejos, y algunos de sus familiares que montaban guardia, abandonaron en silencio una parte del predio de lo que fue la fábrica.
¿Cuál solidaridad de la izquierda, hoy en el poder, hacia esos hombres ya viejos que en el 2001 colocaron las banderas rojinegras, de huelga, en defensa de sus derechos laborales? ¿Por qué se indemnizará a los que se dicen propietarios, entre ellos, al controvertido abogado Enrique Toro Ferrer, quien ya aplaudió las medidas del gobernador Salomón Jara al convertir ese predio en un lugar para las actividades deportivas y culturales? ¿Será que hay temor al escándalo político, antes que hacer justicia a 67 personas que esperan ser indemnizados de acuerdo con la ley? ¿Cuál izquierda, pues?
Los más de 60 afectados demandan al gobierno estatal el pago de su indemnización, dado que ellos, en su mayoría adultos mayores y mujeres, no buscan problemas sino solución a su petición de justicia social.
Sin embargo, en las mesas de diálogo hasta el momento no les han realizado ninguna propuesta concreta y se han negado las autoridades estatales a firmar alguna minuta de acuerdos y compromisos legales sobre el proceso de indemnización a los extrabajadores de Novopan de México.
Los exobreros afectados lamentan el engaño hacia el pueblo de Oaxaca, toda vez que están dando la espalda a la clase obrera del estado y quien hace décadas contribuyó con trabajo honesto al desarrollo de Oaxaca.
UN POCO DE HISTORIA
La exFábrica Novopan México cerró en el año 2001 poco tiempo después de que en sus instalaciones se produjera una explosión. Algunos exempleados recuerdan que la fábrica usaba como materia prima para los aglomerados los residuos de la adjunta exfábrica de Triplay. Sin embargo, con el paso de los años, los inversores de la sociedad fueron retirando sus recursos y dejaron únicamente a Alfonso Pandal Graf, quien era el propietario.
La crisis financiera fue poco a poco mermando a la empresa y dejaron sin prestaciones a los trabajadores, además de faltas patronales en materia de seguridad social y otras, y de mantenimiento a equipos. A principios de 2001, según recuerda Miguel Arango, entonces empleado de mantenimiento, explotó una caldera por falta de mantenimiento y pronto vino el cierre de la fábrica y el estallido de huelga.
Pronto el silbato de la fábrica dejó de sonar, las banderas de huelga se pusieron descoloridas y decenas de los trabajadores pasaron a formar parte de la estadística del desempleo.
En 2007, recordaron que, como empleados, perdieron una demanda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ante la falta de pagos por parte de la empresa, buscaba hacerse con los terrenos. Pero tiempo después, los exempleados ganaron nuevamente los terrenos.
No obstante, los “dueños de los terrenos sacaron escrituras con las cuales se han venido amparando”, explicó.
Al encontrarse el IMSS efectuando los trámites administrativos correspondientes a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, de los predios que integran la Dación de Pago 020/2002, en el año 2010 una persona que responde al nombre de José Luis Campos Hernández promovió amparo indirecto, alegando ser propietario de los predios en dación de pago.
Por ello se presentó la denuncia 216/2012 de la que se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Campos Hernández por el uso de documento falso en un juicio de amparo; así como la reparación integral del daño causado al IMSS como persona moral ofendida, ordenando el Juzgador que los predios volvieran al estado que se encontraban antes de la presentación de amparo por el presunto dueño.
El día en que vino Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y donde se anunció la construcción en ese lugar del Archivo Nacional Agrario, los exempleados exigieron a los tres órdenes de gobierno solucionar el conflicto laboral y que se les paguen sus prestaciones. Pero no, no fueron escuchados.
“No nos oponemos al proyecto”, pero que primero se solucione el problema laboral, externaron extrabajadores y familiares de deudos, agrupados en un sindicato general. “Si nos van a sacar así nada más, no es justo”, expusieron al tiempo de exigir que sus derechos no sean pisoteados”. Pero, este miércoles fueron desalojados por la policía, por órdenes de los nuevos “camaradas”.
SANEAR PLAYAS
Por fin, los diputados desviaron su atención hacia Puerto Escondido al exhortar a los ayuntamientos de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec que implementen un plan emergente de saneamiento en las playas de Puerto Angelito y bahía principal y se dé inicio con la puesta en marcha de la instalación de los cárcamos de bombeo y la línea de conducción de la planta de tratamiento de la zona norte en Puerto Escondido.
Los legisladores pidieron a los entes burocráticos como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar conjuntar esfuerzos para que esas playas dejen ser unas de las más apestosas del país.
Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió a nivel federal un dictamen donde menciona que 14 playas del país registran altos niveles de bacterias por lo que no son aptas para su uso recreativo, dentro de ella se encuentran las de Puerto Escondido. ¡Lamentable!
