Si algo queda claro es que en la nueva composición política del país, el tema de los gobernadores es uno de los que más saltan a la vista, por lo deficiente de sus administraciones, pues varios de ellos dan signos de total ineptitud.
Es una nueva clase política, en la que hay de todo, aventureros, arribistas, sátrapas y escasos ejemplares calificados para gobernar.
No hay distingo de colores o siglas, mucho menos de ideologías, ya que la mayoría de ellos carecen de la misma y pocos son los que dejan un recuerdo duradero en la ciudadanía.
Es cierto que ejemplos del pasado hay muchos, aunque no se daban tan en racimos como ahora y cada seis años se presentaban casos de algunos, aunque pocos de ellos recibían alguna sanción.
A propósito de los muchos incidentes que se han presentado en los tiempos recientes y donde los gobernantes no son tocados ni con el pétalo de una rosa y mucho menos sancionados, hay van algunos ejemplos del pasado no tan lejano.
Solamente por mencionar algunos casos, se recuerdan tres de ellos, uno de dos gobernadores electos en las urnas y otro más que entró como interino.
Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero fue removido como mandatario debido a la matanza de Aguas Blancas, donde la policía estatal asesinó a 17 campesinos y dejó heridos a 23 campesinos más que habían pedido al gobierno estatal la salida del Ejército de la sierra del estado. La agresión fue condenada desde dentro del gobierno federal y Figueroa muy cercano al Presidente Ernesto Zedillo tuvo que solicitar licencia al cargo. Curiosamente llegó al gobierno estatal, Ángel Aguirre Rivero, quien saldría de la misma forma que su antecesor.
Aguirre Rivero dos veces gobernador de Guerrero, una como interino y la siguiente, electo en las urnas. Al guerrerense le tocó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se convirtió en el némesis del Presidente Peña Nieto y como sucedió con Figueroa Alcocer fue obligado a pedir licencia al cargo.
Julio César Ruiz Ferro, gobernador interino de Chiapas, enfrentó en su mandato los asesinatos de Acteal, donde grupos paramilitares asesinaron a mansalva a 45 campesinos, lo que provocó la remoción del mandatario que entró de emergencia ante la licencia de Eduardo Robledo.
En ninguno de los tres casos hubo castigo para los malos gobernantes que dejaron que los problemas crecieran en sus entidades, aunque si les costó el cargo y en ninguno de los tres volvió a la administración pública.
Cuando Aguirre Rivero sucedió a Rubén Figueroa era priista, pero cuando le tocó el tema de Ayotzinapa ya militaba en el PRD.
Figueroa Alcocer y Ruiz Ferro si eran priistas.
En la actualidad se han presentado una serie de eventos en los que se ha masacrado a ciudadanos indefensos, sin que nadie proteste, ya que esos crímenes se adjudican al crimen organizado, principalmente, pero hay otros en los que se encuentran involucradas autoridades locales y los gobernadores, simplemente se lavan las manos. Otros más quedan bajo la tutela del gobierno federal, pero tampoco ahí pasa nada.
El evento en el que perdieron la vida 40 migrantes y otro grupo resultó lesionado no se ve acción en contra de alguna autoridad que los mantenía hacinados y bajo resguardo.
La irresponsabilidad e impunidad con que se tratan algunos asuntos es un retrato de los nuevos tiempos políticos.
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