Está por demás decir que Oaxaca es ya una de las entidades más inseguras del país, no obstante los discursos oficiales que siguen poniendo a la entidad como un remanso de paz y seguridad. Es impresionante el catálogo de crímenes y homicidios dolosos en lo que va del año. Periodistas acuciosos, que han contado uno por uno los ilícitos que se cometen en Oaxaca, muestran preocupación por el crecimiento en el número de víctimas. En Tuxtepec, por ejemplo, se han dado casos aberrantes de criminalidad, como el hecho de que un grupo armado de sujetos haya acabado con una familia de seis miembros, incluyendo mujeres y menores de edad. La saña pues, no tiene límite. Si bien se dice que son personas ligadas a operaciones de narcotráfico que vienen de Veracruz a avecindarse a Tuxtepec, ello no le quita la gravedad a dicho ilícito. Amén de ello, el pasado sábado, fue asesinado cuando conducía su motocicleta entre Juchitán y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec, el elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Iván Gutiérrez Alonso, placa 1154. Se dice que investigaba por su cuenta a ciertos grupos que han creado un ambiente de terror en Juchitán.
El número de elementos de la corporación que han sido asesinados ha ido creciendo. Hay que recordar que en una población de la Mixteca, hace apenas unos meses, dos elementos fueron asesinados e incinerados dentro de su vehículo. Nada se sabe de los responsables y, con certeza, tampoco habrá castigo para los asesinos de Iván. Ya no se trata pues de ajustes de cuentas entre los grupos criminales o entre cómplices, sino ahora son los representantes de la ley quienes pasan a mejor vida. Hay quienes opinan que esta ejecución –sin especulaciones de ninguna especie- tiene que ver con el cambio de comandantes que realizó recientemente el Fiscal General, ante la serie de denuncias de corrupción y colusión con los grupos criminales de quienes antes se desempeñaban en el cargo. La tesis no es nada descabellada. En el Grupo Juchitán de la AEI había datos gráficos de cómo elementos policiales escoltaban camionetas y camiones con indocumentados o protegían a delincuentes dedicados al robo de gasolina, llamados “huachicoleros”, uno de los delitos ya tipificados como graves, que está en bonanza en el Istmo desde hace poco más de veinte años. No es pues descabellada la idea de que el crimen del elemento de la AEI tenga que ver con esta situación.
No más parásitos sociales
En la entrevista que directivos, reporteros y columnistas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hicieron hace unos días a Nancy Ortiz Cabrera, quien es la delegada especial del presidente Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, hizo hincapié en un tema que preocupa sobremanera en la entidad: el de las organizaciones sociales, que perviven de la dádiva oficial y cuyos dirigentes están ya habituados a lucrar con dichos recursos, asumiéndose representantes de comunidades pobres. La respuesta no admite duda: no habrá recursos disponibles para satisfacer a dichos grupos y organizaciones. Se trata, sin duda alguna, de una buena noticia por un lado, pero mala por otro, habida cuenta de que dichos organismos parásitos del erario público, buscarán a toda costa seguir perviviendo y se volcarán en presiones al gobierno estatal. No hay que olvidar que hay en territorio estatal más de 350 organizaciones sociales que desde hace mucho han vivido de la limosna oficial. Y el directorio sigue creciendo con nuevas siglas y nuevos vividores, ante el éxito que implica la industria de la presión y el chantaje. Cerrarles la llave de los recursos y partidas presupuestales significa darles muerte súbita, pues aunque lanzan consignas y vociferan en contra del gobierno, son parásitos que viven de los recursos de que éste dispone.
Se trata de una política pública federal que debe ser imitada por las autoridades estatales: los fondos públicos deben otorgarse a las autoridades legítimas y electas bajo los esquemas de elecciones o sistemas normativos internos. Ninguna organización ni grupo tienen esas atribuciones. He ahí el por qué, según comentó Ortiz Cabrera, se llevará a cabo la rehabilitación y construcción de caminos, siempre teniendo el apoyo y la participación de las autoridades municipales. Adiós pues a los dirigentes convertidos en constructores, que exigían con bloqueos y marchas al gobierno, los recursos públicos para lucrar con ellos. Una copia de esta medida debe ser anexada a los diputados (as) locales, que también regentean constructoras y se benefician de los contratos para obras. Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso inicial: se acabaron los “moches”.
Esperemos que dicha disposición no se vaya a traducir en un infierno para los oaxaqueños, porque falsos redentores sociales y sus organizaciones, habrán de enloquecer cuando les corten el suministro de recursos frescos.
