La ciudadanía de la capital y los miles de oaxaqueños que entran y salen de la misma, por negocios, trabajo, salud u otros, se preguntan: ¿qué se esconde detrás de la excesiva tolerancia que se ha tenido con militantes y dirigentes del llamado Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) y organizaciones afines, que encabezan, entre otros, Samuel Hernández y Jacqueline López Almazán? Asumimos que estamos en plena contingencia sanitaria y que la mayoría de ciudadanos ha optado por estar en su casa, siempre que las necesidades apremiantes no lo obliguen a salir. Pues bien, con todas esas restricciones y la frustración que produce estar casi en confinamiento domiciliario, se ve impedido a circular libremente, habida cuenta de que dicha organización, con sujetos violentos al frente y con dirigentes que no dan la cara, se dedicaron toda la semana anterior, a atracar en la caseta de cobro de Huitzo y a bloquear carreteras, cruceros, aeropuerto y terminales de autobuses.
En el municipio de Oaxaca de Juárez, según lo informó el edil, Oswaldo García Jarquín, la Policía Municipal tiene la instrucción de disolver con palabras convincentes y en apego al respeto a los derechos humanos, grupos de personas en la vía pública, para evitar el contagio del Covid-19, en plena contingencia sanitaria. Pero difícilmente, un grupo de jenízaros puede hacer algo frente a turbas violentas, armadas de machetes, que cuentan con la impunidad que les otorga el gobierno estatal. Hasta el domingo pasado, ninguna dependencia, ni la Secretaría General de Gobierno (Segego) ni mucho menos la de Seguridad Pública (SSPO), habían acotado este tipo de protestas burdas, torpes y cobardes, o fincado responsabilidades a los que manipulan a los violentos manifestantes.
Se trata, bajo cualquier perspectiva, de una protesta manipulada, ventajosa y tendenciosa. No es algo común que se hayan esperado hasta que el gobierno hubiera decretado medidas urgentes, para desplegar a sus seguidores ignorantes y beligerantes, inclinados a fastidiar a la ciudadanía. En cualquier parte de México o el mundo, en este momento ya estarían consignados o sujetos a proceso. Pero aquí no. Sigue existiendo ese miedo absurdo para aplicar la ley, con una salvedad: hoy en día las cosas son diferentes y el gobierno debe privilegiar más que su miedo, la responsabilidad de proteger y salvaguardar la salud de millones de oaxaqueños.
Investigar presuntos ilícitos
El pasado viernes 20 de marzo, arribó a Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de ser recibido por el gobernador Alejandro Murat en el Aeropuerto Internacional de la capital, ambos partieron hacia la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, pues en la agenda presidencial estaba contemplado el acto inaugural del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de recorrer las instalaciones de dicho nosocomio, el mismo no pudo ser inaugurado por el mandatario, en virtud de que -trascendió- se habrían detectado algunas anomalías, como la presunta adquisición de material y equipo usado o rentado. Si bien es cierto que se trata de un trascendido, nada tan importante que realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades. De ser el caso, se trataría de un evento desafortunado que pondría en tela de juicio las malas prácticas y la nula política anticorrupción.
El presidente López Obrador había ofrecido que una vez inaugurado el citado hospital, éste entraría en funciones. Es más, hasta el titular del IMSS, Zoé Robledo ofreció disculpas. Sería irresponsable, pues no es labor de un medio de comunicación como EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, señalar cuestiones que sólo las instancias responsables deben investigar. Por ello insistimos, de ser la comisión de un ilícito fraudulento, habrá que dejar caer todo el peso de la ley sobre los presuntos responsables, dado que ello sienta un mal precedente para el gobierno estatal y quienes están al frente. No dudemos también que, el mismo gobierno federal haga sus pesquisas y llegue a develar esta práctica fraudulenta, tan común en gobiernos pasados.
Lo que llama la atención es la forma burda en la que se trataría de sorprender a las autoridades. Y es que no hay temor alguno respecto a las sanciones que podrían imponer los organismos existentes, pero casi ficticios, de combate a la corrupción en el entorno estatal, salvo la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que ha ido a fondo en contra de este tipo de prácticas. Con certeza, la anomalía de que tratamos debe ser abordada por algún órgano de control interno del IMSS, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado que se trata de recursos federales que, o no fueron aplicados o los responsables de la obra, simplemente le dieron otro destino.
