Para los escépticos, construir la paz en el país significa endurecer las leyes y acabar de una vez con el clima de impunidad que prevalece. Y no sólo nos referimos a las acciones criminales que el día primero de diciembre, en que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco cedieron, sino a otras acciones que conllevan castigar el desprecio por la ley. El fin de semana pasado, el gobernador Alejandro Murat, en coordinación con la delegada especial del gobierno de AMLO, perfilaron acciones enérgicas para evitar que el índice de criminalidad y delictivo siga creciendo en el estado. Trascendió que la primera acción será la de sellar prácticamente la frontera entre Veracruz y Oaxaca, habida cuenta de que desde el vecino estado los grupos criminales vienen ajustar sus cuentas a territorio oaxaqueño. Ello por supuesto, es sólo una visión de la problemática inseguridad que vivimos, pues fuentes castrenses y policiales han advertido que Oaxaca es ya plaza de ciertos cárteles de la droga que en su disputa por territorio, han generado centenas de muertos en este año.
Por ello, más que operativos policiales, esos sí muy necesarios, se deben instrumentar las medidas urgentes para que los ilícitos no queden sin castigo. Así como se blindará la zona de la Cuenca hay que hacerlo con la Costa, en sus límites con Guerrero. Desafortunadamente tenemos como vecinas a dos entidades que han registrado niveles altísimos de criminalidad. Hace unos días en Loma Bonita fue descubierta una narco-fosa, de la que poco han informado las autoridades, pero el hallazgo de huesos y partes humanas hace presumir que dicha región está infestada de maleantes. Lo preocupante para los oaxaqueños es que esas operaciones criminales se están llevando a cabo en la capital oaxaqueña y en la zona conurbada. Construir la paz, pues, no será una tarea simple. Hay demasiados intereses en que sigamos como hasta hoy, en un paraíso de impunidad; de criminalidad; de sangre. Los tres órdenes de gobierno, tal cual se ha perfilado en el mensaje del presidente AMLO, deben participar en proteger a la ciudadanía de dichas acciones, pero sobre todo, es importante que las leyes sean duras para evitar que sicarios y delincuentes desalmados sigan mutilando cuerpos o degollando víctimas. Esto no puede seguir y las autoridades tienen que proceder para el castigo.
Delito impune
Ya es común en Oaxaca, la nota de la toma de las casetas de cobro. O bien son estudiantes de la Normal Rural Vanguardia, de Tamazulápam del Progreso o son porros universitarios o comuneros que forman parte de tal o cual organización. Lo cierto es que las casetas de peaje de Huitzo y Suchixtlahuaca están permanentemente tomadas, a veces por no más de veinte personas. El asunto es que se ha convertido en un gran negocio. Los que protestan imponen su propia cuota: cincuenta pesos automovilistas y 70 o más, transporte pesado como camiones de carga y autobuses. La pregunta obligada es: ¿y el producto del atraco a dónde va a parar? Si se trata de normalistas, son los comités estudiantiles quienes se llevan las rentas; si son comuneros, obviamente que sus dirigentes, quienes los llevan a atracar en las casetas, cobran su parte. Un estimado de la circulación de dos o tres mil automóviles que transitan en un lapso de tres o cuatro horas, dará una idea de la cantidad que dichas personas se embolsan, sin que autoridad alguna les imponga un alto, mucho menos sanciones. Muchos nos preguntamos: ¿por qué se ha permitido que este delito –porque es un robo vil- sea pasado por el rasero de la impunidad?
¿Cómo construir la paz y la gobernanza, en un territorio en donde cada quien hace lo que le plazca y con absoluta impunidad? En lo que se rescató del discurso del nuevo presidente de México es que hay que acabar con este esquema, que ha herido profundamente a los mexicanos. Pues bien, ¿qué esperan las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas que participan en operaciones para garantizar la paz y la seguridad, para terminar con este tipo de prácticas nocivas, que no obstante, se han convertido ya en una industria muy rentable? Esperemos que la toma de casetas de esta semana sean las últimas, aunque haya grupos y segmentos sociales que no cederán un ápice, sobre todo de las estudiantes de la Normal Rural de Tamazulápam, que con la bandera de Ayotzinapa han creado un entorno de afrentas a la ley y desafío al Estado. La semana pasada, en un tramo de la autopista, a la altura de Ixtepec, un grupo de normalistas de la ENUFI, con sede en dicha ciudad, cerraron la carretera. Una y mil razones y demandas encubren este ilícito que las autoridades se niegan a castigar conforme a derecho. De seguirse permitiendo estas acciones, la política de construir la paz que ha demandado la Federación será un rotundo fracaso. De eso no hay la menor duda.
