En los viejos cánones de la política mexicana, se crearon decenas de dichos y frases célebres. Sin duda, elementales para quienes entonces ejercían el hoy desprestigiado oficio. Una de ellas la acuñó el legendario Jesús Reyes Heroles. En política, la forma es fondo. Un político pobre es un pobre político, que fue creada por Carlos Hank González. U otra, que le añadieron a la creatividad del desaparecido exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán: “En política, a veces hay que sumar, sumarse o sumirse”. Así se crearon términos como destape, albazo, madruguete y muchos más que siguen vigentes. Ello viene a tono con lo que hemos vivido en Oaxaca en días recientes.
Un hecho sin duda inédito, fue el madruguete de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, para extinguir, en menos de 15 minutos, el Tribunal de Justicia Administrativa y sustituirlo por otro órgano. Fue en sesión extraordinaria, no presencial sino virtual. Sin análisis ni discusión de la agenda, iniciativa o el dictamen; sin revisión en comisiones; sin cuidar las formas y protocolos que deben prevalecer en una democracia parlamentaria. Representantes populares de diversos partidos políticos, ni siquiera de Morena y aliados: Partido Verde, del Trabajo o Unidad Popular, tuvieron con antelación los elementos de juicio para emitir su voto a favor y así sumar los 33 sufragios validando un decreto o reforma, que desconocían.
El gobernador Salomón Jara en su conferencia de prensa semanal, ha justificado la desaparición de un tribunal y la creación de otro. Y ha señalado abusos, corrupción, salarios onerosos y rezago en expedientes y sentencias del tribunal que, se presume, pulverizó el Congreso. Sin embargo, en su equipo legal –es mi opinión- soslayaron el revire jurídico. Éste vino, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dieron entrada a la controversia constitucional y resolvieron echar atrás el nuevo decreto, dejando las cosas como estaban. Sin embargo, hoy el tema es un nudo de confusión. La idea de reformar un órgano a la luz de un nuevo proyecto político y de modernizar al andamiaje jurídico siempre bajo la guía indiscutible de nuestra Constitución general, pudo ser motivo de análisis y discusión; de debates, consensos y disensos. Pero hacerlo así, detrás de la puerta, a oscuritas y manipulando a una mayoría servil, ha desatado un golpeteo innecesario.
Revocar concesiones
Lo que grupos, organizaciones y sindicatos que regentean camiones, taxis y mototaxis no han acabado de entender es que, ellos sólo tienen el usufructo de las citadas concesiones, no son propietarios. Es una especie de prebenda que el gobierno les otorga y puede retirar cuando no se han cumplido las expectativas para lo cual fueron otorgadas. Dicha situación, tampoco es bien entendida entre las autoridades que, ante la amenaza de bloqueos carreteros y chantaje de parte de los transportistas, pliegan las alas como pavos temerosos. En el momento en que el gobierno de Salomón Jara proceda a realizar una revisión de los rijosos que, en lugar de dedicarse a servir a la ciudadanía se convierten en un látigo para la misma y cancele permisos y concesiones, ya veremos si los mecanismos de extorsión y presión a su administración, vuelven a repetirse.
Entre los oaxaqueños y, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, los bloqueos carreteros han creado una grave crispación social. El pasado lunes, luego de esgrimir amenazas en redes sociales, miembros de la Unión de Taxistas de dicha región montaron al menos diez bloqueos en los puntos clave de las carreteras 190 y 185, así como en los entronques a comunidades istmeñas. Pese al llamado al diálogo de la Secretaría de Gobierno, los rijosos se mantuvieron en su plan de chantaje, materialmente ahorcando a toda la región, sin paso a la capital y a los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero, la ciudad de México y otros. Esta fue una respuesta ruin, sin duda alguna, al otorgamiento de 628 concesiones que el gobierno de Jara Cruz liberó desde el pasado 15 de julio, cuyos beneficiarios aparecieron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y a una serie de exigencias, entre ellas la renuncia de la titular de la Secretaría de Movilidad, Claudina de Gyves Mendoza, entre otras demandas.
Es importante recordar que, durante el régimen de Alejandro Murat y ante la serie de irregularidades en el sector del transporte como la circulación de unidades pirata, la utilización de las mismas para actos de extorsión, secuestro, narcomenudeo y otros, además de presiones de organizaciones sociales, el otorgamiento de permisos y concesiones fue cancelado. Hoy, a ocho meses del gobierno de la Primavera Oaxaqueña se vuelven a otorgar, teniendo como telón de fondo la burda postura de la Unión de Taxistas del Istmo. El remedio está en no otorgar ninguna concesión más y en revocar las existentes en casos como el que mencionamos.
