Sin pecar de pesimismo, los conflictos agrarios que viven cientos de comunidades en la entidad -hay que recordar que están vigentes más de 300, de los cuales hay una treintena de peligro-, deben resolverse por la vía del diálogo y la conciliación, pero también con la vigencia de la ley. En la actual administración como en la anterior, hemos visto la película de acuerdos de paz que muchas veces resultan ficticios. El ejemplo más burdo es el de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec. Por tres ocasiones las autoridades se dieron el abrazo y manifestaron sus buenos deseos, para que al día siguiente la segunda reabriera las hostilidades, afectando de manera grave la economía de Juquila, al cerrar el acceso a este destino turístico religioso, en Semana Santa. Luego de ello volvieron a sentarse en la mesa de diálogo. De poco sirvieron pues los buenos oficios, la voluntad política de las partes y la disposición del gobernador Alejandro Murat de ser testigo de calidad en este acuerdo de paz, pues los chatinos de Yaitepec no respetaron las condiciones en las que el mismo se había dado y desenterraron el hacha de guerra.
Esperamos que no ocurra lo mismo con el acuerdo suscrito entre autoridades municipales y comunales de dos comunidades del distrito Mixe: Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, que desde hace décadas libran un conflicto por el agua. Verdaderos conatos de violencia se han armado por la potestad del vital líquido, teniendo la posibilidad ambas de compartir el venero y evitar padecimientos de escasez. Es en parte la cerrazón de dichas comunidades y sus autoridades, pero además, la presencia de factores externos como es el caso de dirigentes y organizaciones sociales que capitalizan las diferencias y, para obtener dinero o posicionamiento político, enconan más a los vecinos, a veces con resultados trágicos. Esperamos que el acuerdo de paz suscrito entre las comunidades aludidas no sea uno más de los convenios ficticios que ya hemos visto en los últimos tiempos y que sea perdurable. Ningún oaxaqueño bien nacido estará de acuerdo en que los campos secos o fértiles de nuestras comunidades indígenas se sigan regando con sangre. No hay que olvidar que en lo que va de la actual administración el directorio de muertos ha ido creciendo, por conflictos agrarios. Y sólo van dos años y medio de gestión.
Incapacidad institucional
Hay quienes cuantifican en la entidad, en lo que va del actual período de calor, más de 300 incendios forestales, algunos de ellos aún activos. La imagen del satélite difundida en los medios a principio de semana, da una idea de la devastación de bosques por dichos siniestros. Sin embargo, pese a que en los medios de comunicación se difunden las acciones de la Comisión Estatal Forestal (COESFO), ésta dista mucho de ser eficaz para combatir los siniestros que nos ocupan. Como es sabido, dicha área fue creada una vez que se escindió de la antes llamada Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA). Su creación no vino acompañada al principio del soporte financiero y administrativo como compete a un área de reciente creación. He ahí pues que tenga pobreza de personal, indefinición de atribuciones, capacitación totalmente desatendida y escasez de instrumentos para hacer frente a las tareas que tiene encomendadas, que no son nada fáciles. Y que sus atribuciones no son precisamente de protección civil, sino atender siniestros en extremo peligrosos tanto para la flora, la fauna y la población en general. Por fortuna, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con mayores elementos, coadyuva a que dichos siniestros no se conviertan en tragedia.
Aunque el gobierno estatal las ha desatendido, en Oaxaca existen comunidades forestales que aprovechan sus bosques de manera autosustentable, de tal manera que los mismos comuneros están prestos a responder ante cualquier contingencia. Por sus propios medios cuidan sus bosques, porque de ahí viven. No pasa lo mismo en donde hay explotaciones forestales por parte de empresas privadas. Uno de los grandes riesgos de esta temporada es la expansión de los incendios y la poca o nula capacitación de quienes de manera institucional o comunitaria son enviados a apagarlos. No es posible por ejemplo que las brigadas de COESFO sólo lleven palas y picos para apagar siniestros que han arrasado miles de hectáreas, como fue el caso de Los Chimalapas. Es sabido que hay países que han vivido de la explotación de la silvicultura, como Canadá o ciertos países nórdicos, que en el ámbito de la cooperación con nuestro país pueden aportar capacitación y hasta donar instrumentos para combatir los referidos siniestros. Pero hace falta iniciativa e imaginación para hacer los contactos necesarios.
