En un estado políticamente convulso, la elección de 415 de los 417 municipios regidos por los Sistemas Normativos Indígenas es, de por sí, un asunto de alto riesgo y un reto político. El gobierno del estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) se dieron por satisfechos por el fin de los comicios al terminar el año, a pesar de que en 13 los comicios se determinaron como no válidos, en 8 casos ni siquiera se celebraron y en ellos ronda el fantasma de la imposición de los polémicos administradores municipales.
Como consecuencia de los resultados, en 21 de las comunidades se tendrá que echar mano del recurso, siempre opaco y censurable, de nombrar administradores municipales que, como señaló ayer el gobernador, Salomón Jara Cruz, “deberán organizar de inmediato y convocar a elecciones extraordinarias” para que las comunidades en cuestión cuenten con un cabildo democráticamente electo.
Esta vez la cifra de quienes no lograron ponerse de acuerdo es un tanto menor y, quizá, menos explosivo que en jornadas previas. Sin embargo, prevalece la duda sobre a quién o a quiénes beneficia que las comunidades afronten divididas, confrontadas, la designación de sus representantes.
Esta división da pie a que llamen a la puerta falsos redentores o, como es costumbre, la propia división sea alentada por “organizaciones sociales” para llevar agua a su molino. Los fríos números indican que el 5% de total de la elección, uno de cada 20 municipios indígenas, tendrá un administrador en tanto se conforma un cabildo democráticamente electo. Entonces parece que no será un problema menor.
Rico bocado para quienes designan a los administradores; en muchas ocasiones recayó “la responsabilidad” sobre los diputados quienes, por esta vía, lograban colocar a amigos, representantes para “bajar” recursos mediante una módica colaboración o “moche” o, peor tantito, con la imposición de constructoras cercanas a algún grupo parlamentario o diputado para la asignación de recursos y la consecución de dichas obras solo por parte de una determinada firma. El caso de San Antonio de la Cal, que por trienios estuvo en conflicto, es uno de los ejemplos, con el consecuente retraso del desarrollo municipal, nula ejecución de obra e infraestructura o que esta se realizada muy alejada y ajena a las necesidades de la población.
Por fortuna, parece ser que en esta oportunidad San Antonio de la Cal logró, con dificultades, conformar a su cabildo. En una nota informativa difundida ayer por la sub Secretaría de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobierno se indicó que, en cumplimiento a la facultad del titular del Poder Ejecutivo de designar a Administradores Municipales, se tomará esta decisión de manera conjunta con las mismas poblaciones.
Entre los cuales deberán tener administradores se encuentra Santiago Xiacuí. Ahí, con mano negra de un personaje, Igser Uraga Peña, al cierre del año logró su reconocimiento la agencia municipal de San Pedro Nolasco, disputa que se llevó a la Sala Xalapa y a la sala superior del TEPJF.
En Santiago Atitlán el conflicto electoral data de 2016; en 2020 fueron designadas autoridades para todo 2021, pero desaparecieron poderes y se solicitó una prórroga en favor de las autoridades vigentes a la asamblea que se extendió a todo 2022.
El 23 de diciembre estalló la violencia en San Andrés Lagunas, del distrito de Teposcolula, en la mixteca. Habitantes de la Agencia de San Isidro Lagunas señalaron que no recibieron recursos en el trienio por parte de su cabecera municipal y encendieron fuego al Palacio municipal; acusaron la realización de una elección amañada por parte del presidente, Javier Pérez Hernández.
San Juan Mazatlán fue un dolor de cabeza durante todo 2022; en mayo ciudadanos de las agencias municipales de la Mixtequita, Felipe Ángeles y Constitución Mexicana retuvieron a 70 personas, entre ellos 19 maestros del Conalep para obligar al presidente municipal de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez, a la entrega de los recursos de los del Ramo 28 y 33.
A fines de octubre fueron retenidos consejeros electorales luego del intento de Macario Eleuterio Jiménez, quien buscaba reelegirse para un quinto período de un año y, en diciembre fue retenido el jefe de la Coordinación General de Atención Regional, Donato Vargas Jiménez, sobre quien pesa acusaciones de violencia sexual, pero esencialmente, los inconformes exigen la entrega de recursos económicos del Ramo 33 y Fondo IV para la realización de obras, lo que les niega el Ayuntamiento.
La publicación de una convocatoria y la aspiración a la reelección de Gabriel Hernández ha sido el eje del conflicto en Candelaria Loxicha y llevó también a que ese municipio no se llevara a cabo la elección. Los restantes municipios acéfalos son: San Pedro Mártir Yucuxaco, Santa María Sola, San Pedro Mixtepec, Magdalena Peñasco, Calihualá y San Juan Bautista Guelache.
En tal sentido, los conflictos no son para echar las campanas al vuelo para las autoridades electorales pues, en todos casos, hay mucho trabajo político-electoral por realizar para desactivar cualquier lío o alguna comunidad incendia algún punto en el estado y ello descomponga el inicio de la Primavera Oaxaqueña.
