Desde hace varios años, Oaxaca de Juárez se ha convertido en una ciudad con niveles altos en precios de bienes y servicios que ha perjudicado sensiblemente a todos los sectores de la población. Hoy se confirma que a días de iniciar la Guelaguetza, la zona metropolitana de la capital del estado es la más cara del país de entre 55 ciudades.
La carestía está muy por encima del promedio nacional de 0.38 % respecto al mes anterior, mayo de 2024, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual afecta sensiblemente la economía de los sectores de la población, en especial de los menos favorecidos.
Es indudable que los cambios en los precios de los productos que consumimos a diario nos afectan a todos los mexicanos, pero no de la misma manera.
Cada hogar gasta su dinero de forma distinta, dependiendo de las necesidades que tiene y puede cubrir. Sin embargo, los recientes incrementos en precios han afectado más a quienes menos tienen. Bienes de consumo diario como cereales, verduras, frutas y servicios básicos, se han encarecido por igual. La diferencia yace en la proporción del gasto que destinan a ellos los hogares de bajos y altos ingresos.
En nuestro país los hogares más pobres que perciben alrededor de 3 mil pesos mensuales, tienen apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Con este nivel de ingresos no es posible destinar mucho más dinero a otros rubros, por lo que 6 de cada 10 pesos que ganan se destinan a la alimentación, la vivienda y el transporte.
Por otro lado, los hogares con mayor poder adquisitivo, cuyo ingreso mensual promedio superan los 54 mil pesos, tienen recursos suficientes para consumir más que solo bienes básicos, y destinan una mayor cantidad de recursos a vehículos, educación, actividades turísticas y cuidado personal.
Derechos humanos
En aras de consolidar y fortalecer los derechos humanos, nuestro país aceptó recomendaciones, entre ellas, atender la violencia feminicida, la igualdad de género, garantías para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la desaparición forzada y la migración. Sin duda las aportaciones constituyen una guía para la construcción de la agenda de derechos humanos del Gobierno federal entrante pero que también deben de guiar la actuación de las autoridades de los gobiernos estatales.
Ante tales planteamientos, diversas organizaciones reconocen que para avanzar hacia la debida implementación de las recomendaciones internacionales, en Oaxaca es prioritario destinar presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos.
El Estado Mexicano y los gobiernos estatales tienen la oportunidad de tomar pasos significativos para afrontar la grave crisis de derechos humanos en el país y demostrar su compromiso internacional en la materia. Por ello, desde Oaxaca la demanda es plantear acciones para que el Gobierno del Estado cumpla con las obligaciones y responsabilidades que derivan de la aceptación de más de 300 recomendaciones.
Una consideración trascendente es hacer real la autonomía de los órganos de derechos humanos, en específico la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de la que depende la erradicación de la impunidad. Así como detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, especialmente en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos.
Armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
