Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció al inicio de su mandato una de los proyectos insignia de su gestión: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), de inmediato los sempiternos y falsos “luchadores sociales”, que abundan en dicha región se afiliaron las uñas. Están habituados a sacar onerosas ganancias de movilizar a comunidades, con el manido argumento de que son pueblos pobres e indígenas que requieren la atención privilegiada del gobierno. Primero fueron las controvertidas consultas con las comunidades indígenas, algunas de las cuales, sobre todo las mixes-zapotecas, rechazaron el citado proyecto, por considerar que afectaría los ecosistemas y su hábitat. Quien conoce cómo operan los dirigentes de organismos como la Coalición Obrero, Campesino y Estudiantil del Istmo (COCEI) o la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), saben que la búsqueda de ganancia es su modus vivendi.
Durante la semana anterior, las vías del tren que se convertirá en eje del proyecto interoceánico fueron bloqueadas por presuntos vecinos de comunidades mixes, como El Zarzal, Mogoñe Viejo, Hierba Santa y otras, ligadas a la UCIZONI. No es la primera vez que ello ocurre. Una de las demandas que esgrimieron los manifestantes es que sus exigencias no han sido atendidas por el gobierno de Salomón Jara. Seguramente se referían a los daños ambientales que han ocasionado las fugas de gas, amoníaco o gasolina, que se dieron en el mes de diciembre y que fueron atendidas después de un mes. De ser así, no les hizo falta razón. Sin embargo, lo que queda claro es que siempre habrá protestas y chantaje, así no tengan elementos para hacerlo. Es decir, al tenor de las ambiciones de sus falsos redentores sociales, algo tienen que pedir para estar tranquilos.
Y como ya lo hemos comentado. Luego de saberse la decisión del magnate Elon Musk de instalar su planta automotriz “Tesla” en Monterrey, Nuevo León, algunos grupos empresariales afirmaron estar trabajando para que el multimillonario voltee los ojos al Sur-Sureste del país, lo que ubicaría al CIIT en la mira de potenciales y millonarias inversiones. Ello, desde luego, no deja de ser sólo un sueño, habida cuenta de que en tanto sigan los bloqueos, el chantaje y la presión de dirigentes y grupos, más vale decirle adiós a cualquier proyecto de inversión. Es triste, pero es la realidad.
No ceder ante presiones
Es motivo de indignación ciudadana la insistencia del grupo de mujeres triquis, lideradas por Lorena Merino, de retornar bajo mecanismos insidiosos a los pasillos del Palacio de Gobierno, de los que se apropiaron desde diciembre de 2010, es decir, durante 12 años hasta que fueron desalojadas el pasado 2 de diciembre. Como hemos dicho es espacios editoriales anteriores, dicho espacio público fue usado como dormitorio, cocina, baño, además de subarrendar los espacios a particulares, todo bajo el manto protector de las llamadas medidas cautelares que en aquel año les había otorgado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las cuales les fueron retiradas, justamente, cuando el gobierno de Salomón Jara dispuso el desalojo. Con esa premisa y luego de abusar de las referidas medidas, el grupo de triquis, sobre todo mujeres, llamadas a sí mismas “desplazadas”, podrían regresar a sus lugares de origen
Sin embargo, movidas por personas sin escrúpulos, tanto las triquis que lidera Merino como las que encabeza Sergia Zepeda, han seguido insistiendo en que el gobierno doble las manos y les permita, de nueva cuenta, instalarse en aquellos espacios que ellas consideraban de su propiedad. Para este efecto, han realizado protestas, marchas y, lo último, un plantón justamente en la parte baja del Palacio de Gobierno a donde durante dos semanas llegaba Lorena Merino a instalar una ficticia huelga de hambre. Durante veinte veces o más, diversas instancias de la Secretaría de Gobierno dialogaron con las inconformes, quienes han pedido el oro y el moro y, algunas demandas que el gobierno se ve limitado para resolver. Incluso peticiones jaladas de los cabellos como el hecho de que les proporcionen terrenos y casas donde vivir. Todo, menos la búsqueda de un retorno a su lugar de origen: la región triqui.
Ante la cerrazón de este grupo, el pasado martes 28 de febrero, la Secretaría de Gobierno, con todos los protocolos de respeto a los derechos humanos, dispuso del desalojo de las inconformes, luego de agotar los mecanismos de diálogo y conciliación. La ciudadanía ha aplaudido dicha acción que, no por dura y severa, se considera necesaria para acotar a este grupo indígena que no ha entendido razones. La petición de los oaxaqueños que quieren a su capital es que el gobierno no ceda a presiones y, con la misma vara con la que se midió a las triquis, se aplique con los normalistas que siguen causando desmanes y atropellos.
