La semana pasada en un programa matutino de televisión, conducido por un periodista reconocido, se hizo un comentario respecto a las cifras de homicidios que se registran a nivel nacional, encabezando la lista el estado de Jalisco y en segundo lugar Oaxaca. Y volvemos al tema de la inseguridad una y otra vez, para que en los informes oficiales nos sigamos chutando la misma historia de que Oaxaca es una entidad segura y que vive en paz. Es impresionante la cantidad de ejecuciones que se registraron la semana pasada, empezando por tres jóvenes que fueron asesinados en una vecindad de Salina Cruz, un sujeto muerto de un escopetazo en San Blas Atempa, otros dos en Pochutla, una pareja en el Bajo Mixe y dos mujeres –la madre muerta y la hija herida- en Santa Cruz Tacache de Minas, en la Mixteca. Pero tal parece que a los responsables de tan delicada tarea en el gobierno de Alejandro Murat, por un lado les entra y por otro les sale. El por qué no informan de los homicidios dolosos es algo que nadie entiende en Oaxaca. Pero cada vez hay más opacidad para reconocer la realidad en materia criminal que vive la entidad. Quienes tienen a su cargo los puestos responsables de la seguridad simplemente fingen demencia.
Lo que cualquier observador advierte es que alguien más venga hacerles el trabajo que les compete, en este caso, que venga ya la Guardia Nacional para que pueda quitarles el peso de encima y sólo se dediquen a meter borrachos al “torito” o a regodearse en cuántas armas decomisaron a campesinos o motos con reporte de robo aseguradas. Esto es, hay quienes no están cumpliendo con su responsabilidad, situación que el ejecutivo estatal ya no debe tolerar, pues se observa una tolerancia excesiva. Es ya un asunto sobado insistir en que los oaxaqueños no queremos estar como miles de ciudadanos en Tamaulipas, Guanajuato o Guerrero. Pero tal parece que hacia ahí nos encaminamos con tanta complacencia. Hay que preguntarse si los que tenemos son los únicos que pueden desempeñar el cargo o si hay otros mejores en el país, por lo que no se entiende la obstinación de tenerlos ahí, pese a los malos resultados. Está más que claro que el incumplimiento a sus tareas de prevención es un factor por el cual Oaxaca se ha insertado en una espiral de violencia y muerte. Pero ahí siguen haciendo más mal que bien, sin que se atisbe a lo lejos, la menor intención de removerlos o sustituirlos.
¿Qué pasa en el transporte?
La ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, no sólo está en constante suspenso por el alto índice de homicidios dolosos sino además acorralado por transportistas mañosos y delincuentes. Aunque el problema fue generalizado la semana pasada, en toda la región diversas organizaciones de taxistas impusieron a toda la zona istmeña un sitio, con 13 bloqueos en los diversos puntos de circulación. Según trascendió hay inconformidad en dichas organizaciones y sus dirigentes o manejadores exigían una mesa de diálogo con las autoridades estatales. El desafío al gobierno se da tomando como rehén a la población, teniendo la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI), la potestad para cancelar concesiones o simplemente sancionar a quienes de esa manera atentan en contra de la gobernabilidad. Pero con el ardid de que todo se debe arreglar con diálogo y negociación, todos los funcionarios se paralizan si tienen el propósito de aplicar la ley. Consideramos que hay miedo y terror para hacer valer la norma. Nadie intenta siquiera emplear la fuerza pues existe un estigma del que la ciudadanía ha llevado la peor parte: no hay que tocar a quienes afectan la paz social y la gobernabilidad, porque nadie quiere llevar encima el estigma del Carnicero de Antequera, que se atrevió a desafiar a una multitud magisterial.
Ya es común que un día sí y al siguiente también veamos decenas de moto-taxistas bloqueando tal o cual vialidad; que los taxis foráneos armen tremendas riñas con sus compañeros por disputa de rutas; que se hable de competencias desleales, etc., como el sábado pasado entre CATEM y Libertad. Pero desde el funcionario más encumbrado hasta el más modesto, no mueve un dedo. Hay quienes ya han asumido una postura acomodaticia y dejan que los que bloquean se cansen, sin importar el daño a la economía, a la paz ciudadana y a la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es pues el papel de la SEMOVI como dependencia que, se presume, debe regular, ordenar y vigilar el transporte concesionado que, por si muchos no lo saben, es el Estado el depositario de las licencias y permisos? Pues tal parece que la dependencia citada sólo sirve para administrar y diferir los problemas no para resolverlos. Ésa es pues la tragedia que vivimos a diario los oaxaqueños y parte de aquello que los istmeños vivieron la semana pasada. Solapar vicios, aplaudir excesos y hacerse los desentendidos respecto a los graves problemas sociales que genera el transporte concesionado, parece ser el quid de este gobierno.
