La detención del General en retiro Cienfuegos por parte de la agencia antidrogas del gobierno estadounidense ha desatado una serie de consecuencias en la política interna de este país.
Sorpresiva fue para todo, la detención del secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del ex presidente Peña, incluido el gobierno de México, instancia que solo fue notificada a la Cancillería una vez que el arresto del General se consumó en Los Ángeles. Como señala el periodista Jesús Esquivel, era imposible que hubiera una notificación previa al Estado mexicano pues se podría configurar el delito de obstrucción de la justicia (https://bit.ly/3jq7aKA), aunado a que la práctica internacional en materia de derecho diplomático sólo exige que se realice la notificación correspondiente a la detención de personas que de manera activa sean agentes del Estado, es decir, que se encuentren desempeñando un cargo de alto rango o representación del país, siempre que, la falta o delito no amerite la discrecionalidad de la información incluso en este supuesto.
Si bien la detención en sí misma no implica una afrenta a la Soberanía del Estado, sí implica un cambio en las relaciones diplomáticas de nuestro país con el vecino del norte. De manera unilateral, bajo la aplicación de la ley en su jurisdicción, el gobierno de Estados Unidos prefirió esperar pacientemente a que el propio General se internara en territorio estadounidense agotando los mecanismos de cooperación internacional para la persecución de delitos transfronterizos, lo que no es de sorprender. Al final, el coste que les implicaba en las relaciones con México era insignificante ante lo que les significa desde la perspectiva interna la captura.
La debilidad del Estado mexicano en materia de corrupción y persecución del delito es ostensible incluso fuera de nuestro territorio, y las declaraciones posteriores a la detención del General Cienfuegos no abonan para contradecir dicha percepción.
El presidente de México señaló en su conferencia mañanera que ordenará suspender a los miembros del Ejército y al resto de funcionarios del Estado que hayan estado involucrados en el caso de narcotráfico por el que el exsecretario de la Defensa Nacional, sin esperar a que se cuenten con siquiera la presentación de las pruebas en su contra en la Corte de Brooklyn. Y aunque pareciera -dada la mancha de corrupción que corroe a las instituciones del Estado mexicano- que la persecución de altos mandos del país por la comisión de delitos siempre resultará en la comprobación de los hechos imputados, resulta que la agencia antidrogas estadunidense no siempre ha tenido la razón cuando se trata de comprobar la culpabilidad de supuestos miembros de cárteles de la droga en México, como nos recordó Carlos Pérez Ricart, investigador especializado en temas de las Fuerzas Armadas, durante el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
El caso del General en retiro Salvador Cienfuegos recién comienza y le resta varios meses para desarrollar puntos emdulares que arrojen luz a la verosimilidad de la acusación; no obstante, las consecuencias de la detención y del caso ya simbran la política interna de un país donde -a raíz del capricho de su mandatario- el ejército tiene cada vez más incidencia en toda actuación gubernamental. ¿Qué pasará si se comprobara culpable? ¿Hasta dónde se reconocería la infiltración de las fuerzas armadas? ¿Impactará en la política obradorista del uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en la vida pública? O, en caso de que se determinase inocente ¿Las Fuerzas Armadas condonarán la falta de apoyo y las apresuradas suspensiones de sus miembros? ¿Impulsará aún más la expansión de intervenciones militares en los asuntos civiles? La trama recién se inicia.
@GalateaSwanson
