A pesar de que el Gobierno del Estado autorizó incrementar la tarifa del transporte urbano, de las 710 unidades que reportaron las cuatro empresas concesionarias que operan en la Zona Metropolitana de Oaxaca, alrededor de 350 camiones se encuentran en circulación para ofrecer el servicio. De las 55 rutas registradas solo se encuentran activas 44 debido a la falta de unidades en condiciones adecuadas.
Tras el aumento al pasaje de 8 a 10 pesos, las empresas concesionarias se comprometieron a renovar su flotilla de autobuses para ofrecer un mejor servicio a las más de 170 mil personas que diariamente se transportan en camiones del transporte público en la Zona Metropolitana. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que esto suceda con lo cual se sigue sin atender uno de los más serios reclamos de la población.
El transporte urbano, esencial para la movilidad en las ciudades, enfrenta desafíos relacionados con el estado de los vehículos utilizados. Muchos sistemas de transporte público, especialmente en zonas de bajos recursos, emplean unidades que podrían calificarse como “chatarras”: autobuses y microbuses que operan en condiciones precarias, con años de uso acumulados y un mantenimiento deficiente.
Este problema impacta tanto la seguridad como la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. Los vehículos en mal estado representan un peligro para los pasajeros, los conductores y otros usuarios de la vía pública. Frenos defectuosos, neumáticos desgastados, sistemas eléctricos inestables y emisiones contaminantes son problemas frecuentes en este tipo de transporte. Además, los accidentes relacionados con fallas mecánicas no son inusuales, lo que pone en riesgo la vida de muchas personas.
Por otro lado, el uso de transporte en condiciones deterioradas afecta la experiencia diaria de los usuarios. Estos vehículos suelen ser incómodos, ruidosos y, en ocasiones, inseguros debido a puertas que no cierran adecuadamente o asientos rotos. Este ambiente desalentador afecta especialmente a quienes dependen de estos medios para llegar a sus lugares de trabajo, escuelas o actividades diarias.
Salud en riesgo
Nunca como ahora se debe implementar una política de datos que permita conocer la calidad de los servicios de salud, una reforma estructural al sector, sobre todo porque el envejecimiento demográfico en México y la desigualdad económica y social son los retos de mayor importancia en los que deben centrarse los esfuerzos de sanidad pública.
Con la estimación de que en 2050 habrá 49,4 millones de personas mayores de 70 años en el país y con una desigualdad cada vez mayor, el sistema público de salud debe empezar a trabajar en estas prioridades. Ante un escenario poco alentador, es urgente alcanzar un sistema fuerte de sanidad pública ya que en el país existen niveles de pobreza y de desigualdad que no aguantarán sin esos servicios.
El reto es cerrar las brechas que señalan las diferencias entre los que tienen y los que carecen, de lo contrario se acentuarán los problemas. El sistema de salud enfrenta múltiples desafíos que reflejan su fragilidad y exponen sus fallas estructurales. Estas fallas suelen estar relacionadas con la insuficiencia de recursos, desigualdad en el acceso, problemas de gestión y una atención insuficiente a la prevención.
En primer lugar, la falta de inversión adecuada en infraestructura y personal médico es uno de los principales factores que llevan al colapso de los sistemas de salud.
Hospitales abarrotados, escasez de medicamentos esenciales y largas listas de espera son síntomas de un sistema incapaz de satisfacer la demanda. Esto afecta principalmente a las comunidades más vulnerables, que dependen completamente de los servicios públicos de salud.
Además, la desigualdad en el acceso a la atención médica es una problemática persistente.
