Poco después de las fiestas patrias y luego del derrumbe de dos centenarios laureles, en la confusión, no faltaron los oportunistas que con demandas burdas se asentaron en el zócalo de la capital. Nos referimos a militantes de la organización denominada “Frente 14 de junio”, franquicia de Francisco Martínez Sánchez, conocido con el apelativo de “Don Panchito” o “Pancho Mugres”. Desde el arribo del gobierno de Alejandro Murat, el citado sujeto se convirtió en un eje del chantaje y la extorsión, que lo mismo intimidaba a las autoridades que enviaba a sus sicarios a cobrar derecho de piso en algunas colonias ubicadas en jurisdicción de la Villa de Zaachila, en donde sentó sus reales. Con la anuencia de algunos actores políticos, Martínez Sánchez logró aglutinar verdaderos cotos de poder, como el hecho de regentear cientos de unidades de transporte, incluso, volteos para el acarreo de materiales de construcción, para hacerle la competencia a los sindicatos y confederaciones ya establecidas.
Sus excesos y atropellos llevaron a las autoridades a ponerlo fuera de la ley. Hoy es un prófugo de la justicia. Sin embargo, poco después, su hijo, Francisco Javier Martínez Rodríguez, crecido en la escuela de violencia y extorsión de su padre, fue detenido como presunto responsable de haber cometido un asesinato. Con esos cargos permanece en prisión. No es poca cosa. Las autoridades le han probado su autoría. Pero como siempre ha ocurrido en nuestra entidad, cualquier organización o grupo amenaza, bloquea calles y carreteras y amaga al gobierno, para que éste les monte una mesa de diálogo y con la bandera de libertad a los presos políticos, que obviamente no lo son sino vulgares criminales, el Frente de junio, busca liberar al hijo de “Don Pacho Mugres”, de los cargos que pesan sobre él.
Y desde hace un par de semanas, militantes de dicha organización, evidentemente movidos con algún interés político y económico, han realizado marchas, movilizaciones y, contra las medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias, instalaron casas de campaña y módulos de madera en el zócalo de la capital, con miras a permanecer ahí por tiempo indefinido y dando a dicho espacio público una imagen deprimente y aberrante. A ello hay que añadir la destrucción de jardineras y losetas de cantera, hechas con todo dolo y sin que nadie les llame a cuentas. Sentará un pésimo precedente para el gobierno ceder a sus pretensiones.
Zócalo: El estercolero
Con la instalación de militantes del “Frente 14 de junio” y sus cacareadas demandas, como decimos en el segmento anterior, llegaron los propietarios y trabajadores de ferias y juegos mecánicos a instalarse en el zócalo de la capital. Desde la semana pasada están ahí, suponemos que sin autorización de las autoridades municipales, sino arropados precisamente por los primeros. Un caso similar a lo que ocurría en cada manifestación que hace algunos años realizaba la Sección 22 del SNTE. Al llegar al zócalo de la capital traían consigo cientos y cientos de comerciantes en la vía pública que de inmediato se instalaban en dicho espacio. Varios de ellos –se sabe- pagaban a los dirigentes seccionales cuotas generosas para poder mantenerse intocables. Y en efecto, nadie los podía remover, a menos que fuera a riesgo de violencia. Bajo ese esquema nacieron algunos membretes, ciertamente violentos, como la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), que encabeza Adán Mejía, algunos de cuyos miembros, siguen en el zócalo de la capital.
Pese a la contingencia sanitaria que padecemos desde el mes de marzo, dicha organización mantiene a sus comerciantes, al igual que otro membrete, denominado “Sol Rojo” del que hemos hablado en estos espacios editoriales, habida cuenta de que, solapado por algunos actores políticos se ha convertido en un verdadero cáncer social, a raíz de sus permanente movilización y exigencias al gobierno estatal. Insistimos, no obstante, el gravísimo riesgo de contagios que se han dado en la capital oaxaqueña, los dirigentes de estos membretes siguen manteniendo a su gente en el zócalo, dando una imagen sencillamente deprimente y triste. Bajo el argumento de que el espacio es de todos, han hecho del corazón de la capital, un verdadero estercolero.
A todo ello hay que añadir la indolencia o abulia del gobierno estatal para dar una respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y echar abajo las famosas medidas cautelares de los triquis que se asentaron en los pasillos del Palacio de Gobierno desde 2010. Liderados por Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez, con el argumento de que son “desplazados” y que cuentan con medidas cautelares, se han apropiado de ese espacio público y ninguna autoridad los ha podido remover. Han lucrado con el mismo, al que han convertido en hotel de paso, cocina, comedor, recámara y local comercial. Todo ello en su conjunto, siguen dando a nuestro Centro Histórico, la peor imagen.
