No es un secreto reconocer que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -¿o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?- es un poder fáctico. Se trata de un monstruo de más de 80 mil sujetos maniatados con ofrecimientos de mejora salarial, de ascensos laborales, de canonjías y dádivas. Todos, todos, van por la paga, cual mercenarios. Si se trata de maestros (as) que vienen de las ocho regiones del estado a la llamada “Ciudad de la Resistencia”, como se le llama a la capital oaxaqueña, cada uno recibirá pasajes, viáticos para participar en marchas y plantones; toma de oficinas o casetas de peaje. Es decir, es un plus a su salario, muchas veces bastante lastimado por préstamos hipotecarios o a corto plazo, a los que tiene derecho, más aún, cuando tiene el respaldo del Comité Ejecutivo Seccional, que de esta manera paga parte de sus favores.
Por ello, desde que nació el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), su sino ha sido pedir y pedir. Nada satisface a sus dirigentes, menos a sus bases. Bajo la política de movilización-negociación-movilización, les ofrecen el oro y el moro, pero lo que ignoran los maestros (as), es que su Comité Ejecutivo Seccional (CES), históricamente, es fácilmente manipulable y cae ante el canto de las sirenas de dirigentes partidistas o políticos que con este gremio le apuestan al futuro. Es decir, hasta este momento, el movimiento magisterial nada ha tenido de genuino o de elevar la calidad de vida de sus miembros. Sus movilizaciones, sus bloqueos y plantones tienen un interés político que ignoran las bases. Hoy, por ejemplo: quieren insertarse en la carrera presidencial y sacar raja política. Nada de lo hacen en este momento puede escindirse de dicha carrera.
Contrario a lo que ocurrió en el pasado, cuando el CES del Cártel que manejaban Los Pozoleros, Eloy López Hernández, Genaro Martínez Morales y José Carlos Alonso, entraba por la puerta grande al Palacio Nacional y platicaban con el presidente López Obrador; tenían interlocución directa con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y eran atendidos en dichos niveles, hoy tienen que patear puertas y con su necedad y cerrazón, que los actores de primer nivel con los que quieren negociar, se tengan que parar de las mesas de diálogo. Es el radicalismo enfermo lo que está llevando al Cártel al fracaso.
El embrollo del encierro
La semana pasada trascendió que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), detuvieron a dos funcionarios menores del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables del saqueo al encierro “Primavera”, de donde fueron sustraídos con fines de venta ilegal, más de 700 unidades entre automóviles, motocicletas y bicicletas. Estas detenciones se suman a la renuncia de al menos seis ex funcionarios municipales, quienes fueron señalados de operar esa acción fraudulenta que, para provocar hilaridad, sólo generaron la cantidad de 700 mil pesos de parte de quien fuera comprador de la supuesta chatarra y quien –se dice- pagó en especie. Sin embargo, para quienes estuvieron enterados desde el principio cómo se cocinaron las cosas, advierten que los detenidos es la parte más débil de la cadena de corrupción de la que tuvo conocimiento en edil capitalino, Francisco Martínez Neri, dado que el presunto responsable es su secretario de Gobierno, Felipe Edgardo Canseco Ruiz.
Se trata de un escándalo que en mucho se asemeja al Cártel del Despojo. Hay una mano que desde altos niveles de gobierno mueve los hilos de marionetas que también operan para llevarse su tajada. El embrollo debe ser desenredado por la Fiscalía General del Estado (FGEO), a fin de dar satisfacción a la ciudadanía, a los afectados y, sobre todo, para que no se cometan injusticia y consignen a quienes sólo cumplieron órdenes. Desde un principio dijimos que en un caso como éste hay que llegar a fondo y no dejar cabos sueltos, incluyendo a los personajes intocables del gobierno de la ciudad. No es cosa simple. Se trata de la afectación de bienes municipales que, en un momento dado, estuvieron en resguardo, por lo que, antes de enajenarlos en una suma irrisoria, debieron haber llevado un procedimiento para desincorporarlos del inventario municipal, además, hacer la documentación correspondiente.
Sin ánimo de prejuzgar, este escándalo debe ser investigado hasta las últimas consecuencias y dar con los verdaderos responsables, por acción o por omisión. En efecto, como trascendió en su momento, fueron separados de sus cargos algunos funcionarios (as) municipales, pero ello no basta. A nadie convence hoy en día que sean los mandos menores que sólo habrían cumplido órdenes quienes tengan que pagar culpas ajenas, todo por conservar su trabajo.
