Pasó la temporada de la Semana Santa y el turismo que abarrotó nuestra capital se mostró molesto por la cantidad de comerciantes ambulantes que han copado por completo el corazón de la ciudad. Ni siquiera los oficios religiosos propios de la temporada hicieron moverse un centímetro a quienes de manera ilegal se han apropiado de nuestros espacios comunes. Es impresionante la indulgencia con la que se ha tratado a este cáncer social, pues no se ha visto a la fecha ninguna acción de Estado que permita imaginar siquiera que ambulantes, alcohólicos e indígenas triquis serán retirados en el corto plazo. No se atisba por ningún lado que en apoyo al gobierno de la ciudad, el estatal intervenga al menos en aquello que es de su competencia, como es el caso de los triquis, que gozan presuntamente, de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Lo que es fácil observar es que se le está dejando todo el paquete al presidente de la capital, Oswaldo García Jarquín, para que sea quien se aviente el boleto de desalojar, cuando detrás hay intereses que buscan entramparlo.
Limpiar el zócalo y todo el Centro Histórico de la capital requiere de una acción coordinada entre ambos órdenes de gobierno. Es competencia de los dos no un hecho aislado. La pésima imagen hacia el turismo que nos visita va en detrimento de la industria sin chimeneas y de la derrama económica que dejan y que sirve de sustento a miles de familias que viven de la misma. Empero, hay tal apatía en el gobierno estatal que tal parece que la tolerancia excesiva se ha traslapado con el miedo para aplicar la ley. No existe voluntad política para gobernar conforme lo dictan las normas elementales del estadista y del buen gobierno. Es ese miedo y temor cerval para aplicar la norma lo que es aprovechado por cualquier hijo de vecino para cerrar calles y carreteras. Cualquiera desafía las libertades de los demás, se burla de ellas, se mofa de las autoridades. Hasta los indigentes que se han apropiado del zócalo de la capital se burlan de las autoridades y pese al mal aspecto que representan, ahí viven, se bañan o hacen sus necesidades fisiológicas en público. Nadie, absolutamente nadie les molesta. Se han vuelto el terror de las jovencitas o señoras que pasan por ahí. Han convertido nuestro antes sitio de esparcimiento y convivencia en un muladar.
Violencia exacerbada
Luego de la triste y deplorable lección de Minatitlán, Veracruz, en donde un comando armado masacró el pasado viernes a 13 personas que disfrutaban de un festejo familiar, se han encendido las luces amarillas en el país. El primer trimestre de 2019, ha sido por mucho, el más violento de los últimos años, cuestión que, como ya hemos visto, ha sido minimizado por el gobierno federal. La cifra de homicidios dolosos y de ejecuciones ha ido también creciendo en Oaxaca. Se han llegado a documentar entre seis y hasta diez ejecuciones en una semana. Nada hay pues del Oaxaca en paz que tanto se pregona. Empieza aflorar la inconformidad ciudadana. Hace al menos un mes se llevó a cabo en Salina Cruz una marcha por la paz; el domingo pasado fue el Tuxtepec. La sociedad ha dicho basta de tanta simulación y verdades a medias en todo lo que se refiere a la seguridad. No obstante y mucho fue criticado, lejos de asumir una postura enérgica en torno a la brutal matanza de Minatitlán, el presidente de México sólo arremetió en contra de sus adversarios políticos y críticos, en una abierta omisión respecto al grupo criminal responsable.
La situación de inseguridad que se vive en Oaxaca ha sido motivo de diversos comentarios, columnas y editoriales de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca. No mentimos al decir que el gobierno de Alejandro Murat debe atender con prontitud esta lacerante situación. Hemos insistido en que los responsables del área correspondiente deben rendir cuentas y no mentirle a la sociedad y a su jefe, el ejecutivo estatal. No es para echar las campanas al vuelo informar que estamos en el lugar 17 de seguridad a nivel nacional, ni que el índice de criminalidad está por debajo de la media nacional. Eso es sólo ficción. Las marchas en Salina Cruz, hace poco menos de un año en Juchitán y ahora en Tuxtepec, es el grito silencioso de miles y miles de oaxaqueños que no queremos vivir con miedo, aterrorizados, pagando derecho de piso, bajo las llamadas amenazantes de extorsión. Tenemos derecho a vivir en paz. Si eso no lo entiende la Federación, en donde hay más preocupación por lo que dicen los críticos, en el estado deben tomarse las providencias necesarias para garantizar la vida y el patrimonio de los oaxaqueños. Mucho se ha dicho que habrá movimientos y nuevas designaciones en el equipo de seguridad. Nada ha ocurrido. Seguimos sólo con buenas intenciones y nada de eficiencia en el quehacer público.
