El pasado 16 de febrero, durante la mesa de análisis en el programa informativo “Jueves de Gozona”, que se transmite a través de la cobertura de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), en la que participaron periodistas de esta casa editorial, y ante la pregunta expresa de las medidas para sancionar la entrega de obras inconclusas de parte del régimen pasado, el gobernador Salomón Jara sostuvo que en su gobierno “no habrá impunidad y se castigará a aquellos que le robaron al pueblo”. En su intervención hizo referencia al Decreto 809, mediante el cual se aprobó una deuda pública por 3 mil 500 millones de pesos, de cuyo destino, ciertamente la ciudadanía no ha tenido una explicación suficiente y ampliamente satisfactoria. “Sea quien sea, que la pague, para que se acabe para siempre el robo, el hurto al pueblo y el ocupar un cargo como una Secretaría o Dirección para robarle al pueblo”, dijo el ejecutivo estatal.
Adelantó que en breve se darán a conocer algunos datos relevantes sobre las acciones que se llevarán a cabo. En efecto, como mucho lo hemos mencionado en nuestras páginas, ha sido una ofensa para los oaxaqueños que se hayan entregado obras como la de “Símbolos Patrios” o del “Circuito Interior”, que no solamente están inconclusas a casi tres meses de haber terminado su período el gobierno pasado, sino que la segunda fue hecha con materiales tan de pésima calidad, que ya exhibe las huellas del deterioro. Se supone que ambas obras habrían sido financiadas con los recursos del préstamo que el Congreso del Estado autorizó contratar para dicho efecto. No es un secreto que hoy en día se estén llevando a cabo auditorías para develar complicidades, negocios turbios, peculado y corrupción galopante, que se dio detrás de las obras citadas.
Para la ciudadanía oaxaqueña, que durante varios sexenios ha visto el robo vil de las arcas estatales sin que los responsables reciban castigo, es menester que este gobierno, si como ha dicho el ejecutivo estatal no habrá impunidad para nadie, aplique la ley sin miramiento alguno. Esperemos pues que esos datos relevantes que se han mencionado sean presentados en breve, que ya en el imaginario colectivo el pueblo que sólo observa, ya tiene vistos quiénes fueron los responsables de ese vil saqueo al erario estatal. Todos aplaudiremos una acción de Estado que siente un precedente para evitar futuros actos de corrupción.
Una acción plausible
Durante décadas, al menos desde los años 80 del siglo XX, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se apropió por diversas vías: expropiación o indemnización, de miles y miles de hectáreas, particularmente en zonas de playa, para fraccionarlas y ponerlas en venta, muchas veces en dólares, promoviendo con ello la adquisición de predio por parte de empresas o particulares extranjeros, Los terrenos tenían una etiqueta: para vivienda o comercio. Así se construyeron fraccionamientos exclusivos con playas privadas y se desarrollaron proyectos turísticos como es el caso de Bahías de Huatulco. Para llevarlo a cabo, se tuvieron que reubicar a miles de habitantes que vivían frente a las playas, a zonas tierra adentro, pese a la resistencia de muchos para dejar sus espacios vitales. El mejor ejemplo está en la construcción de la dársena en la bahía de Santa Cruz y la habilitación de la zona habitacional de “La Crucesita”, en dicho destino turístico de Oaxaca.
Con la expedición del decreto que considera más de 16 mil hectáreas propiedad de Fonatur, entre ellas más de 6 mil 200 ubicadas en Oaxaca, para ser consideradas áreas naturales protegidas, termina ese período de especulación, para devolverle a las comunidades su patrimonio territorial. Es sabido que había reventa de terrenos o el acaparamiento de los mismos por parte de inmobiliarias o empresas fuertes en lo que se refiere a la propiedad territorial. Al menos, por el espíritu de dicho decreto, se espera que al menos en Huatulco, aquellos predios que se habían puesto a la venta, serán ya propiedad de las comunidades en los que las autoridades podrán edificar canchas deportivas, parques para el esparcimiento y otros bienes de uso común. Ya no serán territorios exclusivos de propietarios nacionales o extranjeros, o más bien ínsulas intocables.
Para muchos se trata de una acción plausible, dado que siguiendo la política del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no puede haber ya ese tipo de contrastes: playas privadas para un sector selecto de la sociedad, frente a un pueblo empobrecido que de ser dueño de su suelo se convierte en un simple espectador de la depredación y apropiación de extraños. Esperamos que dicho decreto se mantenga firme y que, en verdad, cumpla con su cometido de restituir esas áreas para ser utilizadas para la recuperación de las reservas ecológicas y territoriales de nuestro principal polo de desarrollo turístico.
