A la pobreza que arrastran importantes sectores sociales, no sólo en zonas urbanas sino en las áreas rurales, la carestía ha golpeado con dureza. La entidad tiene niveles de inflación mayores a la media nacional, incluso en artículos como la gasolina, cuyo precio es en Oaxaca mayor que en cualquier parte del país. Hoy en día, tal como lo hemos publicado en nuestras páginas, la carne roja, el pollo y el pescado ya son prohibitivos para la mayor parte de la población, incluso el huevo, antes de consumo popular se ha vuelto ya un artículo de lujo. Esto es, ni siquiera un producto tan necesario para la dieta alimenticia de los pobres, puede ser consumido. Y cómo no. En cualquier tienda de autoservicio, en menos de un mes dicho producto incrementó su precio de manera brutal. Hoy mismo el cono de 30 piezas tiene un costo de 94 pesos.
Si bien es cierto que hay productos que han bajado sus precios de manera significativa, vale la pena reconocer que los acuerdos que ha llevado a cabo el gobierno federal para cuidar y proteger el consumo de los sectores más desprotegidos de la población, ello ha sido una farsa. La espiral inflacionaria no ha tenido precedente, según los expertos, desde hace más de 20 años no padecíamos una carestía como la que sufrimos hoy. Tampoco los programas sociales han podido paliar esta situación. La inflación ha sido imparable, justamente por la falta de acuerdos con las cúpulas empresariales y los sectores productivos. Mientras esto ocurre, se destinan cantidades multimillonarias para proyectos que, desde un principio se dijo que estarían destinados al fracaso, como es el caso de la Refinería “Dos Bocas”, en donde se habrá de producir gasolina, sin que a la fecha haya producido un solo litro.
Es motivo de tristeza el progresivo empobrecimiento de más y más sectores de la sociedad, ante el constante y paulatino incremento de los precios. Ninguna medida populista ha podido frenarlo. Pero eso sí, cada rato se cacarea en las esferas políticas que vamos bien y que, ante otros países, el nuestro ha mejorado desde el punto de vista económico. De no ser por las remesas que nuestros paisanos en los Estados Unidos envían a sus familiares en México, nuestro país estaría sometido por la hambruna y el empobrecimiento. Algo tiene que hacer el gobierno de López Obrador para detener esta escalada de precios que, al paso que vamos, dejarán a una sociedad desnutrida y cada vez más pobre.
Diálogo versus ley
En los cánones de la realpolitik hay reglas que deben cumplirse. Una de ellas es que, cuando el Estado abre la puerta al diálogo para resolver conflictos, inconformidades o diferencias, las partes deben llegar lo más pronto posible a acuerdos y cumplirlos. Sin embargo, cuando existe cerrazón, obstinación y se abusa de la excesiva tolerancia del gobierno como representante legítimo del Estado, éste tiene que usar los instrumentos que su naturaleza le ha puesto en las manos, como son los mecanismos de disuasión o, inclusive, el uso de la fuerza. En las lecciones de Ciencia Política hay un autor imprescindible: Max Weber, el fundador de la República de Weimar, quien atribuyó al Estado el monopolio de “la violencia legítima”. En la época moderna no se concibe la existencia del mismo, sin el uso de la fuerza, representada por la policía o las fuerzas castrenses.
La semana pasada se dieron dos hechos que hacen presumir que, algo que el pueblo oaxaqueño ha esperado durante mucho tiempo se cumplió: aplicar la ley cuando se ha agotado el diálogo. Ello anticipa que el gobierno de Salomón Jara no aceptará presiones de ninguna especie. Primero se dio el desalojo de un grupo de mujeres triquis que, como mucho hemos dicho, han echado en saco roto la buena disposición del gobierno para entablar el diálogo y admitir que no pueden volver a utilizar los pasillos del Palacio de Gobierno, cual si fuera de su propiedad. El otro, un grupo de vecinos de Xiacuí, en la Sierra Juárez, corrieron igual suerte, aunque con gases lacrimógenos, luego de empecinarse en mantener su protesta no obstante las razones que esgrimió esta administración a través de la Secretaría de Gobierno.
Desde el año 2006 existe un miedo cerval a aplicar la ley, instrumentar desalojos o levantar bloqueos con la fuerza policial. Maestros, normalistas, sindicatos, organizaciones sociales, etc., saben que, para intimidar al gobierno, ante cualquier intento de desalojo, gritan como plañideras: ¡represión!, ¡represión! En los dos períodos anteriores, los ex gobernadores tenían miedo de pasar a la historia como represores, por tanto, sobre todo el último, se vanaglorió de nunca usar la fuerza pública, sentando un pésimo precedente de impunidad. Hoy, el gobierno de Jara Cruz ha recibido más reconocimiento que críticas. Es decir, el gobierno oaxaqueño está asumiendo su papel histórico. Aplicar la ley cuando se ha agotado el diálogo es una acción de Estado. Se espera que la misma receta de los triquis y los vecinos de Xiacuí sea aplicada con los normalistas que siguen atropellando los derechos ciudadanos.
