Debido a que los productos de la canasta básica podrían sufrir un incremento de 10.4 por ciento en los próximos meses, tanto por el aumento del precio del dólar y el efecto inercial inflacionario que podría impactar en las importaciones de alimentos, el inicio de 2018 se espera muy complicado. Ante alza en tarifas de bienes y servicios el poder adquisitivo de los trabajadores ha mermado y complica sensiblemente porque los salarios mínimos se estancaron y hay una tendencia al aumento de precios de los alimentos que no se puede revertir o congelar.
Actualmente, con un salario mínimo solo se puede adquirir 40 por ciento de la canasta básica alimentaria, considerando que para comprar dichos productos se requerirían 171 pesos por día para una familia de cinco personas. La inflación empieza a dejar sin efecto las estrategias del Ejecutivo federal para contrarrestar la situación actual, además de que podría golpear el ritmo productivo nacional y mermará aún más la capacidad de compra de la población.
La famosa “cuesta de enero” amenaza con prolongarse por varios meses, pues si bien es un fenómeno que se registra año con año y esta vez no será la excepción, ya que la crisis económica ha impactado a la familia y es necesario resolver la falta de liquidez y atender las necesidades que se presentan año con año, y que tiende a ser más severa.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la canasta básica en México consta de 121 artículos y para garantizar un control en su precio la dependencia lleva a cabo operativos de verificación de precios de productos. Sin embargo, al manejarse dichos productos por la ley de la oferta y la demanda, no se puede sancionar porque determinado artículo tenga un precio mayor.
Es indudable que el panorama económico y financiero para México en 2018 estará enmarcado por las decisiones y definiciones que se tomen en cuatro aspectos fundamentales: La renegociación del TLCAN, la reforma fiscal en EU, la evolución de las tasas de interés en el país del norte y la incertidumbre derivada del proceso electoral.
Especialistas advierten que la inflación -que hasta la primer quincena de diciembre fue 6.69 por ciento- no cederá al menos en el primer semestre sobre todo en lo referente a energéticos y combustibles, pues estos componentes se ubicarán entre 8 y 12 por ciento lo cual se reflejará en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Combatir violencia
Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género. Por ello, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia.
Si bien los programas sociales han logrado reducir carencias como el acceso a la salud, vivienda y rezago educativo, mientras el ingreso de los mexicanos no mejore seguirá aumentando la pobreza. La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo. La eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que estos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente.
Si la economía no crece y las personas no pueden incorporarse al mercado laboral, no hay condiciones para disminuir en términos sostenibles la pobreza. De ahí que el gobierno federal esté preocupado por el aumento de la pobreza en zonas urbanas, debido a que en estas las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales.
Si bien se reconoce que combatir esta pobreza urbana no admite dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, de violencia social, la desigualdad que se genera en las ciudades genera encono, resentimiento. Algunos problemas que se registran en esas zonas —como el robo a transeúntes o en el transporte público— reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social.
Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable, y si bien existen los servicios urbanos pero son precarios, como también los servicios educativos pero son de mala calidad. Sí existen servicios de seguridad pública pero son deficientes, y esto entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia.
