Después del fiasco que representó la fallida inauguración del Hospital Rural IMSS Bienestar, en Tlaxiaco, agendada para la gira presidencial del pasado 20 de marzo, la lectura política que se le dio era que se trató de un hecho a todas luces desafortunado. Esas viejas prácticas deben terminar. En principio porque no sólo tratan de sorprender la buena fe de los gobernantes, en este caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Alejandro Murat, sino del pueblo oaxaqueño en general. Ésa fue, en efecto, la lectura que se le dio a la renta de equipo usado para el acto inaugural, cuestión que fue percibida por el ejecutivo federal, quien decidió retornar exactamente a los diez días. El miércoles primero de abril, el presidente cumplió su promesa e inauguró el citado hospital. En el ínterin trascendió la renuncia del titular de los Servicios de Salud en el Estado, Donato Casas Escamilla, sin ningún aviso oficial hasta el momento.
De darse dicha renuncia, con ésta serían cuatro titulares en dicha dependencia que renuncian. La primera fue la doctora Gabriela Velásquez Rosas, seguido de Celestino Alonso Álvarez, Juan Díaz Pimentel y Casas Escamilla, de hacerse efectiva. Es decir, el sector salud no es nada fácil y arrastra no sólo vicios sino deficiencias, corruptelas, inercias, un sindicalismo voraz, además de una deuda sencillamente impagable que supera los 5 mil millones de pesos. Es importante subrayar que parte de esta situación, aunque no es la única, es el terrible desfalco que se dio en la pasada administración, en la que fueron contratados fuera de techo presupuestal miles de trabajadores, lo cual prácticamente metió a la dependencia en un callejón sin salida.
Lo que ocurrió en Tlaxiaco, respecto a la adquisición o renta de equipo sólo por quince días y para cumplir con el protocolo presidencial, es una práctica ruin que se dio en el pasado. No hay pues una explicación para justificarla, dado que los recursos para construcción –luego de diez años de haberse iniciado y de haber visto pasar al menos tres sexenios estatales- y el avituallamiento fueron ofrecidos y cumplidos por el jefe del ejecutivo federal. Haber querido sorprenderlo fue, simplemente, una maniobra fallida. En editoriales de hace unos días hicimos un llamado a las dependencias responsables, a realizar las investigaciones respecto a este caso penoso y bochornoso. Por lo visto, Murat Hinojosa ya tomó las cosas por su cuenta. No es válido que por una mala acción de sus funcionarios le ponga tache a su administración.
Castigar abusos
Nada hay tan pernicioso en tiempos de crisis, como la existencia de empresas o personas sin escrúpulos que se aprovechan de la misma para encarecer los productos que expenden y beneficiarse económicamente. Hay estaciones de servicio de gasolina que siguen con los precios anteriores, no obstante que a nivel nacional se ha dado una baja evidente en el costo del producto. Existen, asimismo, cadenas de tiendas que de un día para otro y ante las compras de pánico por temor a un encierro mayor, han cambiado las etiquetas, con precios más altos. Huevo, tortilla, pan y otros, empiezan a tener costos mayores. Se entiende que en el horizonte cercano advertimos una terrible carestía, sin embargo, aprovecharse de la contingencia sanitaria es un abuso que debe tener como respuesta sanciones y medidas administrativas severas. Es elemental mantener los precios de la canasta básica, precisamente por los efectos que ha tenido el cierre masivo de negocios y la suspensión de actividades, lo cual ha tenido efectos demoledores en el empleo.
Los hay también, como en el pasado, que habrán de almacenar algunos productos básicos para después sacarlos al mercado, cuando los precios se hayan incrementado de manera oficial, es decir, especular de manera criminal. Azúcar, harina de trigo o maíz, frijol, arroz, etc., son susceptibles de guardarse en bodegas y exhibir su inexistencia. Las autoridades estatales, en coordinación con organismos federales, deben ir a fondo para sancionar este tipo de prácticas de especulación, nocivas en estos momentos para el pueblo en general, hoy confinado en sus domicilios ante el temor de contagios. De ninguna manera un delito de lesa humanidad como éste debe quedar en la impunidad.
En las crisis económicas recurrentes en el sistema financiero del país, a raíz de la caída en los precios del petróleo o depreciaciones del peso mexicano, crecimiento de la deuda externa o colapso económico, siempre han existido los llamados hambreadores, aquellos que como buitres quieren vivir aprovechando momentos de pobreza y hambre. Para combatir este flagelo, es menester alentar la denuncia ciudadana. Nadie debe omitir como un deber ciudadano, dar aviso a las autoridades en casos evidentes de especulación con los productos básicos o el incremento inusual de los precios. Evitar abusos de esta naturaleza debe ser una tarea irrenunciable de las autoridades tanto estatales como federales.
