De manera reiterada los sectores productivos han manifestado estar en contra de los bloqueos a vialidades y carreteras. El método de chantaje llegó para quedarse desde hace al menos cuarenta años. Cualquier hijo de vecino bloquea su calle o la carretera o la entrada a su fraccionamiento. Insistimos: un tema personal se convierte en daño colectivo, en afectaciones al libre tránsito, a la paz social y a la economía. Pero ningún funcionario se levanta de su escritorio para aplicar la ley. Hay miedo para ejercer el principio de autoridad. Hay temor de que un acto en ejercicio del poder público se convierta en un estigma. Desde el gobernador Alejandro Murat, pasado por la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública o la Policía Estatal, nadie quiere salir raspado o con el estigma de represor, pese a que cualquier acción por restablecer el marco jurídico, tendría no sólo el aplauso sino el reconocimiento del pueblo de Oaxaca.
Los bloqueos se han convertido en un instrumento de afectación colectiva y de extorsión a la autoridad. Veamos. El pasado viernes, en protesta porque afirman que el edil de la capital, Oswaldo García Jarquín, no los ha recibido, un grupo de no más de treinta locatarios del Mercado “20 de noviembre”, encabezados por Ricardo Leyva, secuestró camiones del servicio urbano y cerró varias calles del Centro Histórico. Armado de un martillo de plástico, denominado “chipote chillón”, de una serie cómica de los años 70, amenazó a operadores del servicio urbano y a quien quisiera cuestionar su acción. No obstante que fueron recibidos por el ayuntamiento de la capital, el bloqueo se mantuvo, en franco reto a las autoridades y en agravio a la sociedad.
Motivos para bloquear no faltan. Es más, hasta porque el gobierno municipal de Juchitán se negó a pagar la indemnización de un ex policía local o porque una cadena de autoservicio despidió a un trabajador. Vecinos de comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas, inconformes por los resultados electorales, vienen a la capital a agraviar a los citadinos, que son como carne fresca para normalistas que por quítame estas pajas, cierran la Terminal de Autobuses de Primera Clase o parten en dos la ciudad, al bloquear la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, lo que impide el paso del norte al centro o sur. Y nadie, salvo los afectados, levantan la voz. Es casi imposible tratar de demandarle al gobierno estatal acciones al respecto. Se gobierna con miedo.
Sentaría buen precedente
En menos de una semana, operadores de la línea de transporte urbano de pasajeros, TUSUG, atropellaron y les quitaron la vida a dos personas. Una mujer de la tercera edad en San Martín Mexicapan; un joven de 21años de edad en Periférico y Guerrero. Ambos, según testigos, iban a exceso de velocidad. Hay quienes afirman que iban en plena carrera en territorio urbano, peleando el pasaje. No son los primeros ni los únicos que han enlutado hogares en la capital oaxaqueña y el área conurbada. El catálogo de atropellamientos y homicidios culposos es amplio. Los abusos y excesos del transporte urbano se han convertido en una de las principales causas de muerte en el casco urbano. Detrás de todo ello está la tolerancia y la impunidad que les brindan las autoridades. Ha sido TUSUG la que más muertes ha causado, aunque las demás no se escapan. En la chatarra que circula por capital y municipios conurbados se cometen las peores bajezas.
Las denuncias por acoso sexual, malos tratos a los pasajeros, excesos con mujeres y personas de la tercera edad, que el operador conduzca y al mismo tiempo hable por teléfono, que eche “carreritas para ganar pasaje” o lleven aparato de audio a todo volumen, son algo cotidiano. El mal estado de las unidades: asientos rotos, vidrios estrellados, puertas desvencijadas, etc., son, asimismo, parte del escenario diario de este transporte indigno que se nos ha dado a los habitantes de la capital y municipios conurbados. Es obvio, se trata de un pulpo camionero anclado en el pasado, miserable e incapaz de invertir en nuevas unidades, no obstante, los compromisos asumidos cada que exigen aumento de tarifas. Desde hace años hemos escuchado la misma cantaleta, sin que los miembros del pulpo cumplan lo que prometen a las autoridades.
Por ello, ha llamado la atención una especie que circuló hace días, justamente después del accidente en donde perdió la vida un joven motociclista: que la Secretaría de Movilidad (Semovi), podría cancelar las concesiones a la empresa responsable. Ella sería una medida que la sociedad habría de aplaudir. Un buen precedente para que se mejore el servicio y quienes operan las unidades se conduzcan en apego al Reglamento de Tránsito y con respeto a la ley. ¿Será posible una medida de esta naturaleza? Por supuesto que es posible. Quienes han explotado o usufructuado a placer el transporte público se han desentendido de una realidad: las concesiones son atributo del gobierno, como representante del Estado, quien sólo las tiene otorgadas con condicionantes. Por tanto, puede retirarlas cuando las cosas lo ameriten.
