Ni bien ha pasado la contingencia por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, además de las intensas lluvias, y ya aparecen por todos lados las protestas, las inconformidades y el chantaje para que el gobierno estatal, cual si fuera mago, haga a capricho de los que protestan, verdaderos milagros para volver a la normalidad. Desde el lunes, padres de familia de escuelas de los rumbos de Santa Rosa Panzacola, cerraron la carretera 190 a la altura de conocido fraccionamiento para exigir que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), una vez que dictamine la Coordinación Estatal de Protección Civil (UEPCO), el estado que guardan las aulas de sus edificios escolares, de inmediato les construyan aulas provisionales. Es decir, una forma burda y torpe, como si la prioridad que se vive en otras regiones del estado no importara y solamente lo fueran dichas escuelas. La situación se repitió el martes pasado, cuando vecinos de San Juan Chapultepec hicieron lo propio a la altura del llamado Parque del Amor, sólo que ésta fue por el mal servicio del centro de salud de dicha agencia. Cerraron la avenida Eduardo Mata y otras vialidades. Esto es, los bloqueos se habrán de exacerbar de manera absurda, ahora con la exigencia de atención para quienes hayan resultado damnificados directa o indirectamente.
De cualquier forma, esta manida forma de chantaje seguirá presente, pues ante la falta de energía para aplicar el Estado de Derecho y la ley, los dirigentes de grupos, cofradías y organizaciones sociales, saben que ante la impunidad existente, ellos pueden seguir obteniendo prebendas y canonjías, gracias al método de ablandar al gobierno con bloqueos. Desde el lunes, por ejemplo, una organización formada en su mayoría por vándalos, denominada “So, Rojo”, presuntamente desprendimiento del violento Frente Popular Revolucionario (FPR), se dedicaron a cometer una serie de atropellos y actos vandálicos, incluyendo el secuestro de cerca de 80 empleados de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además del cierre de vialidades. Pese al envío de negociadores de la Secretaría General de Gobierno, sus dirigentes, engallados en lograr su propósito, siguieron con sus mecanismos de presión y chantaje. El gobierno de Alejandro Murat, que ha obrado con demasiada tolerancia, debe entender que el pueblo oaxaqueño está harto de este tipo de acciones que se vienen a cometer a la capital, pero además en el interior de la entidad, cuya motivación es una: obtener dinero fresco.
Los buitres de la tragedia
Si bien es cierto que los partidos de izquierda están acostumbrados a ver sólo un lado de la realidad, no ignoran que en la tragedia que se vino sobre los pueblos istmeños, luego del sismo de 8.2 grados, el pasado 7 de septiembre, también sus correligionarios se han ensuciado la cola. Como lo comentamos hace unos días en este mismo espacio, fue vergonzoso el episodio que involucró a la ex presidenta municipal de Asunción Ixtaltepec, Adelina Rasgado Escobar, al igual que a otros presidentes municipales, ex presidentes, legisladores locales y federales de extracción priista, que aparecen en el padrón de beneficiarios para el pago de reconstrucción total, también es cierto que la voracidad de la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez y su cabildo, no tiene límite. En efecto, se hizo pública en redes sociales, la lista de concejales y funcionarios municipales que recibieron entre 20, 30 y 100 mil pesos, por la “ayuda prestada durante la contingencia, derivada del sismo del pasado 7 de septiembre”. En efecto, desde el inicio de la emergencia, los mismos habitantes de Juchitán hicieron públicos videos y fotos de las trapacerías de la presidenta municipal y algunos funcionarios, capitalizando la tragedia para obtener beneficio político.
El rasero pues para medir buitres de los sismos y lluvias; aquellos que de manera directa o indirecta tratan de recibir o han recibido beneficio político o económico, involucra a todos por igual. Priistas y perredistas; militantes de MORENA o rescoldos de organizaciones ruines y vividoras como la COCEI se cuecen igual. Grave es no aceptarlo así. Por ejemplo esta última, junto, con otros cínicos personajes de la mal interpretada lucha social, han llamado a movilizaciones para exigirle al gobierno “vivienda digna”. ¿Con qué calidad moral estos farsantes y demagogos; vividores de la dádiva oficial, se atreven a exigir más recursos, sabidos como están de que la reconstrucción del país costará más de 48 mil millones de pesos? Es necesario pues exhibirlos, balconearlos y repudiarlos, pues lejos de sumarse a las tareas que implica la reconstrucción y la restauración de la normalidad, a diferencia de los ciudadanos de la Ciudad de México, que minutos después del sismo del 19 de septiembre, salieron a las calles a prestar auxilio, estos vividores sólo vieron la tragedia como negocio.
