Es impresionante cómo se ha arraigado en Oaxaca la cultura del chantaje y el bloqueo. Un asunto doméstico como es el caso de la Escuela Primaria “Paul Percy Harris”, ubicada en el Fraccionamiento Bugambilias, cuyos padres de familia ha sido manipulados desde hace meses por radicales de la Sección 22, ha creado un ambiente de repudio, de indignación e irritación ciudadana. El miércoles de la semana pasada cerraron las vialidades en los rumbos del Monumento a la Madre.
Hace al menos un mes, una situación similar ocurrió a la altura del Canal 33 entre Juchitán de Zaragoza y Tehuantepec. Este caso era de un grupo de quinto grado que no tenía maestro. Como protesta, los padres de familia cerraron la circulación afectando a miles y miles de transportistas. Un adeudo con determinado sindicato camionero o problemas por la invasión de rutas o saturación de taxis o moto-taxis, son motivos suficientes para bloquear oficinas públicas, vialidades y carreteras.
El bloqueo pues, ya se convirtió en un arma letal que para hacer reaccionar al gobierno, tiene que asumir como víctima a la sociedad. ¿Y saben por qué se sigue utilizando como arma favorita de líderes, organizaciones y grupos? Porque en el gobierno no existe convicción para aplicar la ley; porque existe miedo para salvaguardar los derechos de las mayorías, en detrimento de los de un grupúsculo de sujetos.
En este espacio editorial hemos insistido mucho en que Oaxaca jamás podrá salir adelante en tanto no exista un mecanismo de fuerza y de ley, para acabar con la práctica del chantaje. Cualquier baba de perico, como se dice vulgarmente, amenaza, chantajea, manipula y amaga, con paralizar el tránsito vehicular para conseguir la mayoría de las veces, recursos económicos.
Por ejemplo, un membrete denominado “Organización 23 de octubre” que encabeza un sujeto de nombre Alejandro Escobar, emplazó la semana pasada al gobierno de Alejandro Murat, a resolver las peticiones de algunas comunidades que pertenecen a su organización, pues de no hacerlo bloquearían cruceros importantes de acceso a la ciudad y algunos como el del Aeropuerto.
La pregunta es: ¿y este sujeto quién es, a quiénes representa o quién le dio la potestad de asumirse la voz de las comunidades reales o imaginarias que dice representar? Una vez más insistimos: ya es tiempo de ir acabando o al menos desenmascarando a estos vivales y falsos redentores sociales. No representan a nadie y sus acciones deben ser resueltas por la vía del derecho y la ley.
Libre expresión bajo la lupa
Con motivo del Día de la Libertad de Expresión que se celebra en México el 7 de junio, el gobernador Alejandro Murat, dispuso una serie de medidas para garantizar y salvaguardar el derecho a la libertad de expresión. Instruyó al Fiscal General del Estado a crear al interior una Fiscalía Especial para documentar los agravios a quienes ejercen el oficio. Hay que recordar que luego del asesinato de Javier Valdez, corresponsal del diario capitalino “La Jornada” y de la revista “Ríodoce”, en Sinaloa, se encendieron las luces amarillas en todo el país y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), convocó a que cada ejecutivo estatal, en el ámbito de su competencia hiciera lo propio en cada estado, a fin de evitar que sigan matando periodistas, sobre todo los grupos criminales y otros modernos Torquemadas. Otra de las acciones que anunció ese día el gobernador fue convocar a los poderes legislativo y judicial a instrumentar comisiones, de las que formen parte periodistas, para trabajar de manera conjunta acciones que conlleven a privilegiar la condición humana de los comunicadores.
Y es que como ha documentado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en nuestra entidad son frecuentes los agravios a periodistas, dado que la Defensoría registró 53 entre enero y mayo de este año, que habrían sido cometidos en perjuicio de nueve mujeres y 21 hombres (40 agravios contra hombres y 13 contra mujeres).
El organismo advirtió como un asunto muy grave las intenciones de autoridades o particulares en el sentido de acallar las voces de las y los trabajadores de los medios de comunicación, y señaló que de los agravios de los que ha tenido conocimiento la Defensoría, 58% habrían sido cometidos por personas desconocidas y 40% por servidores públicos de distintos niveles, entre ellos agentes policiacos (19%).
Lamentablemente -reconoció el organismo- las autoridades no siempre actúan con la celeridad necesaria cuando se sabe de periodistas que están en riesgo por su trabajo, por lo que la DDHPO llamó a establecer mecanismos que permitan la protección urgente desde el gobierno del estado y de las administraciones municipales frente a situaciones que pongan en riesgo el ejercicio de la comunicación pública. Mencionó como la forma más extrema de censura el asesinato, y expuso que este año un periodista sufrió un intento de homicidio, y una comunicadora de Valles Centrales fue asesinada; en ambos casos, aclaró, todavía se investiga si los hechos tuvieron relación con el trabajo periodístico.
