“Esos vicios del pasado no se pueden seguir realizando, vamos a seguir insistiendo en señalar que actuar así tiene consecuencias”, señalaba Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca al brindar su punto de vista en torno al bloqueo de la carretera Transístmica por parte de habitantes de Puente Madera, en el tramo Juchitán Tehuantepec.
Este bloqueo, como daño colateral, estuvo a punto de generar un verdadero conflicto diplomático para México por la retención de un autobús con 33 ciudadanos franceses que quedaron varados por horas en ese lugar y debieron, literalmente, que ser rescatados por la Guardia Nacional.
La movilización fue en protesta por la detención del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, por parte de la Fiscalía General del Estado; el representante comunitario lidera la oposición a la instalación del Polo de Desarrollo Bienestar en el Corredor Transístmico, la obra clave de la 4T en esa zona de Oaxaca, pero su detención fue a causa de daños por incendios y lesiones dolosas.
Engallado, Romero López aseguró que “para nada” la Secretaría de Gobierno, ergo el gobierno de Oaxaca, iba a solicitar la liberación de Hernández Salazar como parte de las negociaciones para la liberación de la vía. “Esa es atribución de un juez”, aunque afirmó que estas prácticas quedaron en el pasado.
Sin embargo, 8 horas después de su detención Hernández Salazar fue liberado y, casi en automático, por la noche fue retirado el bloqueo de la carretera.
En diciembre de 2021 la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor y 96 en contra la iniciativa que reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar a quienes interrumpan, dañen o restrinjan la vías de comunicación y al transporte en México.
La medida fue ratificada por el Senado el 15 de diciembre y va contra quien restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación. Los cambios al artículo 533 de la ley marcan que las sanciones van de 3 meses a 7 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 8,962 a 44,810 pesos.
Sin embargo, en Oaxaca la ley fue atropellada. No hubo ni un solo detenido por el bloqueo, por impedir el libre tránsito e, incluso, la protesta logró su objetivo: la liberación del agente municipal de Puente Madera.
Jesús Romero López debió “tragar sapos”.
Pero esta historia “trae cola”. La asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio (APIIDTT) es una agrupación que se opone al parque industrial proyectado por la 4T en San Blas Atempa. Afectaría una zona natural comunitaria de donde obtienen leña y caza de animales silvestres para su sobrevivencia, argumentan.
Puente Madera se ubica en el municipio de San Blas Atempa, muy cerca de Tehuantepec. En la zona hay un amplio terreno llamado El Pitayal. La tenencia de El Pitayal está en pugna desde que la presidencia municipal falsificó actas y firmas de los ejidatarios de Puente Madera para aceptar el desarrollo de un parque industrial.
Recordemos que el 15 de septiembre el asunto del Cartel del Despojo llegó a La Mañanera de Palacio Nacional, incluso el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, (quien “mordió la mano que le dio de comer” e irá contra Morena en Coahuila) señaló el tráfico de predios en el Istmo de Tehuantepec mediante arreglos con notarios y autoridades agrarias y civiles.
La Asamblea Comunitaria de la localidad Puente Madera del municipio de San Blas Atempa, ha denunciado al hermano del actual secretario de Administración “Nino” Morales, César Octavio de golpear y amenazar de muerte a ciudadanos locales, como parte de la represión al rechazar la instalación del Polo de Desarrollo para el Bienestar en el Istmo (PODEBI).
En el Istmo se conocen versiones del despojo de tierras desde que fue presidente de San Blas Atempa por primera vez en 2014; además de denuncias y presión a comuneros opuestos a proyectos eólicos ya bajo las siglas de Morena.
Ayer el gobierno estatal fue puesto en un brete y al final, a pesar de los dichos, actuó como lo han hecho administraciones previas.
Los presionaron, negociaron y liberaron. ¿Nos recuerda algo eso de Movilización-negociación-movilización?
Corrupción en bachilleratos
Son ya muchos señalamientos contra la pasada administración por los malos manejos en obras, manejo de recursos, promesas incumplidas. En la Semanera del lunes el gobernador Salomón Jara, acumuló más señalamientos y ahora fue el sistema de educación media superior de Oaxaca. Dio nombres de instituciones: el Colegio de Bachilleres de Oaxaca; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) donde, afirmó, “imperó la corrupción y existen muchas anomalías”.
Aseguró que en el proceso de entrega-recepción han encontrado muchas anomalías y la próxima semana los directores darán a conocer puntualmente las mismas.
En el IEBO, recordemos que la dirección la ocupó Alejandro Aroche Tarasco quien enfrentó un rally de protestas al final de la administración. El resultado: “en el IEBO, les dieron base a todos, no podemos mover ninguna pluma, ninguna silla, porque ellos no lo permiten; la función que tiene el director es tratar de que se trabaje, de que haya una buena administración y, sobre todo, se otorguen las clases con maestros, bueno, pues ni eso pueden”, indicó el gobernador.
Se da cuenta de 63 bases a directivos de igual número de planteles con un impacto al presupuesto de $20 millones de pesos anuales.
Este es un desafío para Francisco Javier Salinas Huergo.
Ojalá y no quede en mucho ruido y pocas nueces.
