Hace poco más de una semana, el edil de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reconoció que el famoso Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), proyecto que se propuso llevar a cabo el gobierno de Salomón Jara –no el gobierno municipal- se había entrampado, por lo que, el municipio citadino seguiría la política de llevar los desechos a predios certificados ubicados en Puebla y Veracruz, con un costo aproximado de 20 millones de pesos mensuales. Dicha cantidad ha representado, hasta la semana anterior, un desembolso de alrededor de 172 millones de pesos, desde que empezó la crisis de la basura.
El edil equiparó dicha suma, con los poco más de 170 millones que tiene destinado el gobierno local para su programa de obras. Ello implica que, el cierre del basurero municipal que se ubicó en jurisdicción de la Villa de Zaachila, el 8 de octubre de 2022, ha significado una sangría millonaria para los magros recursos de un ayuntamiento que nació y ha seguido en la indigencia presupuestal.
Desde la perspectiva de un diario como EL IMPARCIAL, no es tiempo de derrotarse. Hay que seguir buscando y convenciendo a municipios y comunidades que pudieran tener interés en recibir el proyecto gubernamental. La basura o los desechos sólidos pueden ser, vistos desde una perspectiva tecnológica, una fuente generadora de empleos y de riqueza; de generación de energía, composta, combustible, etc. Son justamente los razonamientos con los que se debe convencerse a los municipios interesados. Cuando se pretendió llevarse a cabo en San Lorenzo Albarradas, fue lo que faltó dar a conocer a la comunidad y la ciudadanía. Hizo falta, ya lo hemos dicho, socializar el proyecto; labor de convencimiento y de mutuo entendimiento.
También hizo falta, ello para el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, desplegar la capacidad de negociación con los vecinos de la agencia Vicente Guerrero y colonias como “González Guardado” o “La Zapoteca”, para ampliar el relleno sanitario que fue cerrado. Con la cantidad que se ha gastado, habría dado mucho para llevar a cabo obras de beneficio social. Pero hizo falta voluntad política y capacidad para negociar. Se dejó pasar el tiempo y poder desplegar mecanismos de solución. Porque para ningún ciudadano medianamente informado es un éxito gastar 20 millones de pesos y así, literal, echarlos a la basura, cuando la ciudad muestra graves carencias y rezago.
Investigar a “fichitas”
Una de las cosas que se han podido observar en la actual administración del gobernador Salomón Jara es que, si bien se pretendió borrar de un plumazo todo rescoldo del pasado, incluso eliminando de la estructura estatal a empleados de base y contrato, que habían laborado en el gobierno anterior, la sustitución por inexpertos, arribistas, activistas y demás, en absoluto fue benéfico para este régimen. Entre los nuevos funcionarios públicos insertos en la nómina gubernamental hay especímenes nada recomendables, incluso familias completas que reflejan un pernicioso nepotismo o personas non gratas, con expedientes abiertos sobre diversos ilícitos. Ahí está el caso de Donato Vargas, quien fue señalado de haber difundido fotos íntimas, sin consentimiento, de mujeres indígenas de su etnia mixe o el titular del Monte de Piedad, acusado de acoso sexual.
La semana anterior, luego de que un grupo de elementos de la Policía Estatal paralizara las actividades en el Cuartel de San Bartolo Coyotepec, por el presunto despido del llamado comandante “Jaguar”, Francisco Santiago García, quien llegó a apaciguar las inquietudes y canalizar las inconformidades, fue la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Natalia Karina Barón Ortiz. Puso en juego su capacidad de negociación y diálogo, lo que tuvo como resultado la distención y fin de la protesta, con una minuta de acuerdos y soluciones gubernamentales en breve. Sin embargo, como se dice en la jerga común, “nunca falta el prietito en el arroz” y fue justamente la presencia de un personaje que funge como coordinador de asesores de la citada funcionaria, Miguel Ángel López Ortiz, quien ensombreció el éxito de la mesa de diálogo.
Según se difundió en redes sociales, dando pelos y señales, el personaje de referencia había sido sancionado en conocida institución médica por haber incurrido en ilícitos como acoso sexual y violencia política de género. Además, se la acuña haber incurrido en presunto desvío de recursos cuando tuvo bajo su responsabilidad cargos ligados a la referida institución médica y de prestaciones. Los primeros hechos en contra de enfermeras se ubican en dos cabeceras de distrito: Tlaxiaco y Tlacolula de Matamoros. Bajo esta visión, poco, muy poco ayuda a que funcionarios (as) del gabinete estatal, sea el legal o ampliado, no investiguen antecedentes de sus colaboradores, sino que los suban otorgándoles responsabilidades, manchando el nombre de este gobierno.
