Luego del empecinamiento de los dirigentes de la agencia Vicente Guerrero, lo cual surgió cuando fue detenido un sujeto, que armado desafió a la Policía Estatal, de cerrar el tiradero municipal, la solución inmediata que instrumentó la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), fue habilitar un espacio en terrenos de Tanivet, Tlacolula, justamente detrás del Reclusorio Femenil, para que los camiones cargados de desechos sólidos fueran a depositar ahí su carga. Ello se dio, al parecer, sin los permisos de las autoridades estatales y federales responsables de proteger el medio ambiente. Sin embargo, desde el mismo domingo 20 de agosto, las redes sociales sirvieron como catarsis de los vecinos de Tlacolula de Matamoros y lugares aledaños, para llamar la atención sobre este hecho. El pasado martes, los inconformes utilizaron el manido método del chantaje -¿o acaso hay otro en Oaxaca?- es decir, el bloqueo carretero, para mostrar su inconformidad con la decisión del gobierno estatal, que ha entrado en defensa del ayuntamiento de la capital oaxaqueña, habida cuenta de que la basura ha amenazado con sepultarla. Es prudente reconocer que el remedio resultó peor que la enfermedad. Se tapó un boquete y se abrió otro.
Desde la perspectiva que quiera verse, el gobierno de Alejandro Murat debe proceder en contra de quienes están moviendo las aguas en las colonias que pertenecen a la agencia Vicente Guerrero, un asentamiento irregular que, todo mundo sabe, está permeado por la delincuencia. Una vez más el basurero municipal se convierte en botín político de grupos y organizaciones que una vez expulsado el Frente Popular “14 de junio” y su dirigente, Francisco Martínez Sánchez, quieren imponer su ley y hacer de este espacio su modus vivendi en cuestiones ilícitas. Nadie ignora que las Colonias Unidas y los que se asumen tener derecho sobre la franquicia, no aguantarían pasar por el rasero de la justicia. No es la mejor imagen de la capital oaxaqueña estar llena de basura. Ya lo pasamos en el mes de julio, en plena temporada vacacional. Ni una concesión más a estos hampones, ni un acuerdo más. Se requiere -siempre lo hemos dicho- la simple y llana aplicación de la ley. Ceder en eliminar las órdenes de aprehensión de quienes incendiaron las casas de sus adversarios políticos es seguir poniendo la justicia al capricho de estos criminales y delincuentes.
Autoridades omisas
Desde hace 37 años en que inició el llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), también las autoridades municipales han actuado con apatía y desinterés para salvaguardar la educación que se imparte en sus territorios. La responsabilidad que le asignan al gobierno como representante del Estado ha hecho que ediles de municipios, agencias municipales y comunidades vean las constantes ausencias de los maestros que cubren las plazas de sus escuelas, como si fuera una actitud loable.
Es más, muchos de ellos han caído rendidos ante la demagogia magisterial, pero no han reparado en el daño irreversible que ha recibido la educación de sus hijos. En cientos de escuelas rurales, los maestros mal llamados “democráticos”, asisten a clases, en períodos normales, si acaso de lunes a miércoles, pues desde jueves se aparecen ya en la capital del estado, con el argumento de que entregan documentación, de que viajan para cobrar su quincena o realizar un trámite sindical. La Sección 22 ha solapado desde siempre el ausentismo docente. Son contadas las comunidades que mantienen una vigilancia estricta sobre sus maestros. Presidentes municipales que en verdad tienen interés en que no se siga afectando la educación de los niños y jóvenes en sus jurisdicciones.
Miles de maestros de los 81 mil que se dice existen en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), no cumplen ni con el horario escolar, mucho menos con los objetivos del Plan de Estudios vigente. Lo que prevalece en la entidad es un brutal ausentismo. La falta de responsabilidad con las tareas docentes; la falta de arraigo en sus comunidades y centros de trabajo, así como la complicidad sindical para solapar esa falta de cumplimiento.
En todo ello va asimismo la política blandengue que ha aplicado el gobierno actual y el anterior para tratar los asuntos del magisterio. A la fecha no hay registro de que se hayan realizado los descuentos, menos de que se haya sancionado a un maestro faltista e irresponsable. La simple amenaza de movilización inhibe cualquier intento de meter orden y regresar a los maestros a sus aulas. He ahí el por qué insistimos en que los autoridades municipales pueden poner su grano de arena para evitar esos abusos que en tres años cumplirán sus cuatro décadas de impunidad. Los ediles tienen que “entrarle” y no sólo cruzarse de brazos.
