Durante al menos tres días, la semana pasada, vecinos de la Colonia La Cascada en el norte de la capital oaxaqueña, emprendieron una serie de medidas de presión y chantaje. El problema es que para cambiar la red de drenaje y alcantarillado, la dependencia responsable: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAO), dejó cepas abiertas, lo que ahora en tiempos de lluvias se ha convertido en un verdadero cenagal, el cual no sólo impide la circulación vehicular sino de los propios peatones.
En realidad no les hace falta razón a los vecinos. Pero ello no es justificación para el constante cierre de calles y avenidas, no sólo por las mañanas sino incluso por las noches, justo cuando cientos de automovilistas, para evitarse el tráfico nocturno, utilizan la vía de Xochimilco y La Cascada, para llegar a sus hogares con mayor celeridad. En este cobro de facturas, los que protestan la han emprendido en contra del gobierno de la ciudad, a quien señalan de omiso e irresponsable. Lo más grave, sin embargo, es que como siempre, la ciudadanía inerme, es la que paga los platos rotos tanto de la abulia oficial para resolver los problemas que genera, como de los mismos vecinos, empecinados en que el chantaje es la fórmula ideal para arreglar los entuertos.
Los oaxaqueños, pero sobre todo los citadinos estamos hartos de este tipo de prácticas. Lo padecemos a diario. Por ejemplo, hace poco más de una semana, azuzados por maestros de la Sección 22 y conocidos agitadores, padres de familia de la Escuela Primaria “Paul Percy Harris”, con el argumento de que las autoridades educativas no han arreglado una barda que quedó fracturada por los sismos de septiembre de 2017, cerraron la Calzada Madero y el crucero del Monumento a la Madre.
El caos vial se prolongó por más de ocho horas. Ello pone de manifiesto que hay quienes viven del chantaje y la han convertido en una industria rentable y abominable. Otro ejemplo es el llamado Frente Popular Revolucionario (FPR), cuyos dirigentes, personeros y franquicitarios, que ejercen mecanismos de presión para obtener vilmente el favor gubernamental. Es el caso de Tomás Martínez Pinacho, que cerró la carretera 175, para torpedear los festejos de octubre en Miahuatlán de Porfirio Díaz, pues exige un millón y medio de pesos; que le mantengan en el gobierno municipal de dicha población al menos a 30 seguidores con salario, ello sin tomar en cuenta la regiduría que desempeña. Y el lunes pasado bloqueó la Ciudad Administrativa. Se trata pues de farsantes de la lucha social.
No al ambulantaje
El sábado pasado, durante la realización del Foro por la Paz y la Reconciliación que se llevó a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), organizado por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se manifestaron a fuera de dicho recinto, miembros de la llamada Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) y su dirigente, Adán Mejía López.
Su protesta estaba encaminada a seguir presionando en diversos foros al gobierno de la ciudad, pero sobre todo al edil electo, Oswaldo García Jarquín, quien en una declaración a un medio impreso sostuvo que “no admitirá chantajes” del gobierno ambulante. Y es que desde hace tiempo, durante los períodos vacacionales o de alta afluencia turística, el zócalo de la capital y todo el Centro Histórico se llena de comerciantes en la vía pública. Muchos de ellos aprovechan las marchas y manifestaciones del Cártel 22 para posesionarse de los espacios públicos, arropados, obviamente, por los dirigentes de dicho gremio. Ello no sólo representa una competencia desleal para el comercio establecido sino que da nuestra ciudad una imagen deplorable.
Hace al menos tres trienios, se realizó un censo del comercio ambulante, para evitar el crecimiento de sus miembros. Fue un buen intento. El directorio se ha incrementado o más bien, multiplicado. No obstante la habilitación del domicilio de Aldama 2, en donde hacer muchos años funcionó la Estación de Policía, quienes han hecho de la calle el negocio no han aceptado. De poco han servido los esfuerzos para reubicarlos en otras partes, el comercio informal ha crecido de manera desmesurada.
Pero las crisis asoman con más enjundia, durante los períodos vacacionales. Es el caso de UACOL, que en la actualidad presiona al gobierno municipal y condiciona al que viene, para que le otorgue espacios en el Centro de la capital. He ahí el quid de la protesta que montaron en el evento de AMLO. Estamos convencidos de que cada quien tiene derecho a ganarse la vida de manera decorosa, como es el caso de los comerciantes en la vía pública, siempre que ello no implique ni revertir la ley vigente ni, mucho menos, hacer de los espacios públicos un bien privado. Las autoridades tanto estatales como municipales, sobre todo éstas últimas, requieren modificar el Reglamento vigente, a fin de endurecer las sanciones para aquellos que ocupen pasillos, parques, jardines, campos deportivos y demás, para la vendimia.
