México es considerado un destino atractivo para la inversión extranjera, con una gran riqueza en recursos naturales, un mercado de 122 millones de consumidores y una amplia plataforma comercial que incluye una gran cantidad de tratados de libre comercio y de inversión. Puede ser fuente de nuevos y mejores empleos, capital, nuevas tecnologías y de la difusión de nuevos conocimientos, ayudando a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de sus logros en materia de atracción de inversión, México tiene dos retos importantes en este campo: el primero es mantener e incrementar su atractivo como destino de la inversión en un entorno creciente de competencia mundial por las inversiones extranjeras y fortalecer su capacidad para retener dicha inversión, así como crear las condiciones para que dicha inversión llegue en mayores números a más regiones, pues en la actualidad, 84.1% de inversión extranjera directa captada por México se concentra en 15 de los 32 estados.
La inversión privada tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico, diversificación económica y transformación estructural. Estados Unidos es el principal proveedor de inversión extranjera directa a México (57.7%), seguido de España, Japón y Francia. Los principales sectores que recibieron inversión extranjera son la manufactura, la información en medios de comunicación masivos, los servicios financieros, el comercio, la construcción y los servicios.
Sin embargo, el tipo de inversión que efectivamente pueda atraer cada estado dependerá de sus ventajas competitivas presentes y latentes en industrias y actividades concretas. También depende del clima para la inversión, que incluye las condiciones para el establecimiento, operación y protección de la inversión, así como de las condiciones para el suministro de insumos, servicios y mano de obra requeridos por los inversionistas.
Defensores ambientales
Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales. Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios.
Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos en México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.
Debido a la serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.
Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura.
