No obstante los sobados discursos oficiales en el gobierno federal y del ofrecimiento del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, las agresiones en contra de los primeros siguen a tambor batiente. A la fecha han sido asesinados seis periodistas en el país, cifra inédita en un gobierno a escasos cuatro meses de haber iniciado. En efecto, la semana pasado, durante el enfrentamiento que sostuvieron operadores de taxis y moto-taxis en Pinotepa Nacional, el compañero del diario “Opinión” de dicha zona costeña, Rufino Feria, fue agredido a golpes y materialmente tundido por una mujer. Es evidente que aquí no se percibe –la visión tendenciosa de la equidad de género- que lo más violento de la agresión provino de un engendro disfrazado de mujer, porque si el compañero hubiera respondido, tengamos la seguridad de que ya lo hubieran sacrificado al catalogarlo de misógino. Pero la ley, que se presume tiene observancia generalizada, debe proceder en contra de quien sea, mujer u hombre. El género es lo de menos cuando se trata de aplicar la norma sin fijaciones ni visiones discriminatorias.
A lo que vamos es a lo siguiente: cualquiera, por los motivos que sean, han visto al periodista o comunicador como enemigo. Lo mismo lo intimidan que amenazan, atacan, secuestran o asesinan sin más. No obstante la existencia de fiscalías especiales o de comisiones en las organizaciones que dicen proteger los derechos humanos, los atentados en contra de la libre expresión continúan, incluso más allá de las amenazas de la delincuencia organizada. Respecto a las descalificaciones no se diga. El término “chayotero” se ha generalizado. Cualquier “baba de perico” –como se dice vulgarmente- arremete en contra de reporteros, columnistas, editores o fotógrafos, colgándoles dicho apelativo. Esto es, se descalifica la importante labor que realizan los medios de comunicación con simples términos, para hacer creer que todos somos corruptos y que el gobierno nos aporta importantes y generosas cantidades para silenciarnos. El caso de Rufino Feria debe ser investigado, si es que en el gobierno federal existe el propósito de garantizar el flujo de información libre y sin maquillaje. Pero también el gobierno estatal debe hacer lo propio. No dejar que este tipo de atentados queden en la impunidad.
Opacidad institucional
Hace poco más de una semana trascendió que varios funcionarios y servidores públicos de la actual administración habían sido sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, luego de incurrir en diversos actos sancionados por las autoridades. En efecto, y lo hemos mencionado en este espacio editorial. En plena etapa de austeridad republicana como ha instruido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay empleados de gobierno, con cargos menores, como jefes de departamento, unidad o directores de área, que viajan cada semana a la Ciudad de México en avión, con viáticos y demás, sin llevar a cabo alguna actividad institucional que se refleje en algún beneficio en el área en donde están ubicados. Se entiende que directores generales o ciertos funcionarios puedan hacerlo de manera eventual, pero no cada semana. Ello implica que las medidas que se han instruido a nivel central no se respetan y que, por el contrario, hay servidores públicos que siguen en su vida de dispendio con cargo al erario estatal que, como todo mundo sabe, es muy raquítico y elemental.
Lo que se observa en la actual administración es que en las áreas de los “consentidos”, desde el cargo menor hasta el mayor, se sirven con la cuchara grande sin importar rendir cuentas o dar al menos la imagen de que se rigen por criterios de austeridad. Ahí están los grupos numerosos de policías al servicio de los señores; camionetas blindadas y muchas prebendas que resultan ser demasiado onerosas para el erario estatal, pero que, desafortunadamente, parecen ser vicios que se han ido arraigando en la actual administración. Sobre estos excesos deben irse los sabuesos de la SCTG. Algunos de estos funcionarios se irán de Oaxaca una vez que terminen sus encargos, por tanto, nada habrá nada que los detenga aquí salvo, los negocios que puedan hacer al amparo del poder. La lupa pues de la dependencia debe ir más allá, dada la resistencia de funcionarios con cartas de identidad foráneas, que no acostumbran rendir cuentas ni dar información sobre el uso del erario que es para los oaxaqueños. Uno de esos rubros en los que habrá que hurgar es justamente el de los viajes constantes, obvio, con cargo al presupuesto estatal. Y en ello, las cabezas de cada dependencia deben tener la responsabilidad. Ya urgen pues medidas no sólo de austeridad sino de transparencia y rendición de cuentas.
