Oaxaca es uno de los estados más pobres de la República Mexicana con 76 por ciento de su población viviendo en condiciones de pobreza extrema, lo cual es un factor que contribuye a que cada año aproximadamente 150 mil oaxaqueños emigren hacia los estados del norte de México y los Estados Unidos.
Otra causa son los ingresos, pues con el sueldo mínimo por un día de trabajo de ocho horas y que existen demasiadas personas que son pagadas menos que el sueldo mínimo nacional, los flujos migratorios van en aumento. El panorama de hoy es desolador, pues solo 2.9% de la inversión federal al estado de Oaxaca son dirigidas a áreas rurales.
Aproximadamente 250 mil oaxaqueños son trabajadores migrantes en estados del norte de México especialmente en los estados de Sinaloa, Sonora, y Baja California. Se dedican a la siembra de tomate, café, caña entre otras cosechas. Y nuestra entidad es la segunda después de Guerrero con el mayor número de niños migrantes, quienes trabajan a lado de sus padres y su futuro ofrece pocas alternativas fuera de esta labor, pues frecuentemente no asisten a la escuela por la distancia entre el campo y la escuela y porque el constante movimiento no lo permite.
Ante las crecientes amenazas de Donald Trump de deportar de forma masiva a inmigrantes mexicanos, urge adoptar medidas que los ayuden a enfrentar tales acciones, pues lo mismo van tras jornaleros que con quienes se encuentran sin permiso de residencia con antecedentes penales. Los planes de deportación de Trump no concuerdan con la realidad pero levantan alarma.
Desde su campaña presidencial en 2016, Trump utilizó una retórica agresiva contra la inmigración, calificándola como una amenaza para la seguridad nacional, el empleo y la identidad estadounidense. Durante su mandato, llevó a cabo diversas medidas para restringir la entrada de migrantes y endurecer las políticas de inmigración, generando controversia tanto dentro como fuera de su país.
Además, amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si el país vecino no actuaba para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, lo que resultó en presiones diplomáticas que llevaron a México a reforzar la vigilancia en sus fronteras.
Castigar agresiones
La agresión del presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Roberto Pérez Delgado, ni puede ni debe quedar en la impunidad, debe ser sancionada con estricto apego a la ley. Sancionar el abuso de poder es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos, la justicia y la transparencia en cualquier sociedad.
El abuso de poder ocurre cuando una persona con autoridad utiliza su posición para beneficio personal, perjudicar a otros o actuar fuera de los límites legales o éticos. A través de un video se conocieron los actos de violencia cometidos en contra de una mujer indígena que obligó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a iniciar una carpeta de investigación de oficio.
En tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dio a conocer que inició un expediente de oficio, con número DDHPO/9329/(01)/OAX/2024. Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca expuso que el caso se está atendiendo de manera prioritaria a través de diversas instancias públicas.
Es una de las formas más dañinas de corrupción y opresión en una sociedad, ya que quienes ostentan autoridad, ya sea en el ámbito político, empresarial o personal, utilizan su posición para beneficio propio o para perjudicar a otros. Este comportamiento no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también vulnera derechos fundamentales, perpetúa la desigualdad y genera un clima de impunidad y desesperanza.
Por ello, es urgente y necesario castigar de manera ejemplar el abuso de poder. Cuando una persona en una posición de autoridad, ya sea un funcionario público, un jefe en una empresa, o incluso alguien en una relación personal, utiliza su influencia para imponer su voluntad o lograr beneficios injustos, se rompe el equilibrio básico de justicia que debe regir cualquier interacción humana. Esto puede manifestarse de muchas formas: coacción, discriminación, favoritismos, hostigamiento, represión o la toma de decisiones arbitrarias que afectan negativamente a las personas bajo su influencia.
