Desde nuestra formación temprana se nos inculca la diferencia entre hechos y opiniones, a tal grado de forjar en nosotros un lente crítico que nos permita distinguir entre los datos absolutos y lo relativo de las proezas históricas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los primeros resquicios de otro sexenio minado por la violación al voto de confianza democrático. Entre los señalamientos más alarmantes se encuentra el hallazgo de un costo de cancelación del nuevo aeropuerto mucho mayor al proyectado inicialmente. Casi 332 mil millones de pesos son los identificados como detrimento real por la desestimación del macroproyecto en Texcoco, en contraposición a lo minimizado por la Administración en 2019. Se acompañaron señalamientos como la falta de cooperación de la Secretaría de la Función Pública en las labores de fiscalización y la falta de viabilidad en los proyectos esperanzadores.
El debate entre las facciones del foro público –ya claramente divididas– no se hizo esperar. La primera descalificación vino desde el Ejecutivo. Posteriormente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proclamó un mensaje plagado de tecnicismos en el que trató de imponer la superioridad metodológica de los poderes tradicionales. ¿La conclusión pública de su silogismo? A pesar de la posibilidad de formular y presentar aclaraciones, la Auditoría incurre en inconsistencias.
No es la primera vez que las radiografías objetivas del sexenio se ponen en tela de duda. Sin embargo, la dinámica de afirmación y negación escalaron a la persecución del auditor especial de desempeño, responsable del resultado de la auditoría al aeropuerto despreciado. Ante la incomodidad, se ha optado por cazar y enterrar a sus fuentes.
Resulta prioritario decir que la ASF parte de una previsión constitucional muy específica. Quitó el sueño al legislador la tarea de elevar a rango supremo sus principales labores de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Anual. El artículo 74 constitucional ordena como facultad exclusiva de Diputados su revisión, mientras que el artículo 79 tilda a la Auditoría como un órgano –si bien dependiente de la Cámara baja– que goza de autonomía técnica y de gestión. Nuestro filtro de preocupación debe atender dos elementos fundamentales: (i) De inicio, los ataques mediáticos a la auditoría del aeropuerto no solamente generan un ambiente político de tensión y confusión, sino que atentan directamente contra la autonomía técnica del órgano del Ajusco. En lugar de ejercer sus protocolos metodológicos en un ambiente de respeto orgánico y equilibrio entre poderes, se ha vulnerado al grado de orillar a la Auditoría a prácticamente retractarse de todo lo trabajado durante meses; declaración que goza de una falta de credibilidad supina. (ii) Por otro lado, la separación del cargo e investigación de los autores del señalamiento por parte de la Cámara de Diputados parecen responder a la profunda molestia e incomodidad de la Administración Pública Federal centralizada, como si no nos hubiera quedado claro que las atribuciones de los órganos de poder jamás deben atender a motivos personales o narrativas políticas.
En la defensa de las autonomías se han emprendido todo tipo de cruzadas, pero con un común denominador tendiente al ejercicio controlado y equilibrado del poder público. Me atrevo a distinguir, adicionalmente, entre aquellas cruzadas en defensa por las autonomías políticas y aquellas en razón de la construcción histórica objetiva de nuestro país. Mientras que las batallas por el relato político protagónico lastiman a nuestra certeza ideológica, aquellas que se libran por la prevalencia de las verdades absolutas, numéricas y metodológicas trascienden a la historia nacional por permitirnos apreciar la realidad con menos ingenuidad o por mantenernos con la cómoda venda sobre los ojos.
*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
Twitter: @richievidales.
