Ha llegado el momento de llamar al orden a líderes de organizaciones sociales que han abusado de la libertad de expresión y manifestación, que en sus afanes han quebrantado la paz social y la dinámica económica del estado. Si la convocatoria es para ceñirnos a las leyes, reglamentos y cauces institucionales que regulan la convivencia armónica de todas las expresiones de nuestro tejido social, urge que maestros, sindicatos y las organizaciones asuman el papel que les corresponde.

De lo contrario, la aplicación puntual de la ley debe garantizar orden y paz, ya que un Estado de derecho no se da por generación espontánea ni depende solo de la voluntad o decisión de algún actor político en particular. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un sistema jurídico o constitucional. El Estado de derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores.

En el Estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Por ello, es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos. Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos.

Los tiempos que vivimos y los desafíos que abrazan a México y Oaxaca exigen el concurso de todos para generar certidumbre en la ciudadanía para garantizar el cabal cumplimiento del imperio de la ley y la vigencia de una sólida ética democrática.
El Estado de derecho puede definirse como el principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

Tal llamado a privilegiar el respeto absoluto al Estado de derecho debe ser atendido por todos los sectores, pues es la única forma en nuestro alentar una convivencia armónica y ordenada. Debe quedar muy claro que nadie puede estar al margen de la ley ni tampoco vulnerar el derecho de terceros, anteponiendo sus intereses personales o de grupo. Si deseamos fortalecer un régimen de libertades, se debe respetar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente de seguridad y de libre tránsito.

Legislativo sin iniciativas

Amedida que pasa el tiempo se confirma en los hechos que la actual legislatura no está a la altura de los retos que vive Oaxaca, pues al hartazgo ciudadano en contra de los partidos políticos, se vive una creciente animadversión en contra de los diputados locales, quienes lejos de ser aliados en la construcción de nuevas leyes se han convertido en el mayor obstáculo.
No solo han dejado de atender diversas iniciativas, también han pospuesto otras más que son necesarias para avanzar en el andamiaje jurídico que tanto reclama una entidad como la nuestra. Muy lejos está el compromiso de cuidar los intereses de los ciudadanos, pues con sus acciones contribuyen al desprestigio y rechazo del trabajo legislativo por parte de la ciudadanía.
El debate cameral es muy pobre, los argumentos políticos no aparecen y la disputa por los recursos monetarios se ha convertido en la manzana de la discordia entre los partidos políticos ahí representados.

Existen muchas iniciativas que “duermen el sueño de los justos”, hasta aquellas como son la reforma constitucional en materia indígena, la ley que regula a las casas de empeño en el estado, y otras muchas más. En esencia, los legisladores locales tienen como función expresar y proteger los intereses y demandas de los ciudadanos. Sin embargo, hoy no existe información clara y completa sobre la labor del Congreso, por lo que no podemos conocer ni medir su desempeño. Esto explica en parte la desconfianza de los ciudadanos frente a su congreso, ya que solo 17 por ciento de los mexicanos se siente representado por su cámara de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2015.

A pesar de ser una obligación de transparencia, encontramos que no es posible conocer con certeza los sueldos y salarios de los diputados locales, ya que el Congreso omite la totalidad de lo percibido. Sabemos que al sueldo base se le agregan compensaciones extraordinarias que los diputados reciben por desempeñar funciones de mando en las comisiones legislativas.
Los congresos locales son una pieza fundamental en el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, se ha confirmado que en ellos se aprueban más de 80 por ciento de las iniciativas del gobernador, donde los representantes brillan por su ausencia de iniciativas.