Oaxaca es un verdadero amasijo de conflictos agrarios y rencillas comunales. La ciudadanía de comunidades que llevan años librando diferendos de tipo comunal con sus vecinos u otras poblaciones, viven en permanente tensión ante las emboscadas mortales o ataques arteros en sus caminos de terracería. Sólo en los últimos años las venganzas derivadas en matanzas han dejado una estela de muerte y desolación. Ya hemos mencionado por ejemplo el asesinato de 16 personas en Santa María Ecatepec, por parte de sus vecinos de San Lucas Ixcotepec o la emboscada en la que murieron 5 personas de San Pedro Mártir Quiechapa, por parte de la comunidad de Santiago Lachivía. O los enfrentamientos mortales entre San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán, que no han podido paliar los efímeros acuerdos de paz. Caso aparte merece mencionar el añejo conflicto por el agua que libran las comunidades de esta región mixe, entre San Pedro y San Pablo Ayutla con la comunidad vecina de Tamazulapan del Espíritu Santo o las decenas de muertos que han dejado las añejas rencillas entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, en la Mixteca oaxaqueña.
A lo que vamos es a esto. El gobierno estatal en su papel de garante de la paz, la seguridad y el clima de libertades, como representante de Estado, debe aplicar la ley en casos en los cuales se quebrante, como es el caso de homicidios o lesiones en cualquiera de las partes. Es importante agotar el diálogo, pero cuando se rebase la civilidad y tolerancia del mismo, hay que mantener el Estado de Derecho. La semana pasada se dio un enfrentamiento entre las comunidades de Santos Reyes Zochiquilazala y San Martín Peras, pertenecientes al municipio de Santiago Juxtlahuaca, con saldo de dos personas heridas y varias retenidas. Lo que destaca en dicho enfrentamiento es la participación de personas que nada tienen que ver con los diferendos de carácter político, como es el caso del padre del presidente municipal de la última comunidad.
En cada conflicto o hecho criminal siempre hay una mano que mece la cuna. En la mayoría de nuestros casos son dirigentes de organizaciones, como es el caso de “Antorcha Campesina” en la zona de Juxtlahuaca o “Comuna”, en algunas poblaciones de la zona huave o la Sierra Sur, entre otras. Pero hay muchas más. Personajes que se asumen voceros de las comunidades indígenas y que alcanzan cierto renombre son a veces instigadores directos en conflictos sangrientos. Es deber de las autoridades estatales fincarles responsabilidades cuando así lo merezcan.
Crecimiento desordenado
La falta de un plan de reordenamiento urbano, de un programa que evite la anarquía y el crecimiento desmesurado de la mancha urbana y evite la construcción anárquica de viviendas en lugares que no son aptos para tal propósito, ha hecho que en nuestra capital y el área conurbada se haya disparado en los últimos tiempos la construcción de fraccionamientos sin los servicios necesarios para vivienda. Más aún, se siguen invadiendo predios y espacios calificados como reserva ecológica. Es el caso de algunas zonas de la capital como las Lomas del Crestón o las faldas posteriores del Cerro de “El Fortín”. Sin recato alguno y sin ninguna regulación que lo prohíba llegan a asentarse personas, sin tomar en consideración disposiciones municipales o estatales que, obviamente, ignoran.
He ahí el por qué, hoy en día, vemos los cerros que circundan a nuestra capital, llenos de pequeñas o grandes casas. Y es que quien tiene recursos disponibles quiere tener una vista panorámica de la ciudad, sin importar si con ese propósito se invade una zona considerada de reserva natural. Esa falta de planes a largo plazo respecto al desarrollo urbano, ha afectado asimismo a algunos municipios conurbados, como Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas o predios en las Villas de Etla o Zaachila, por mencionar algunas áreas en el cinturón que rodea a la capital o distritos cercanos.
Hace años, grupos de paracaidistas se llegaron a posesionar de terrenos en la llamada Cuesta de Ocotlán o en la “Y”. Decenas de colonias populares se establecieron ahí teniendo hoy en día un foco de delincuentes y negocios turbios, que han generado violencia y mecanismos de presión al gobierno estatal. En las inmediaciones se ubica el relleno sanitario de la capital, que da servicio al depósito de desechos sólidos de ésta y una decena de municipios conurbados. Cada en cuando, dicho espacio sirve como mecanismo de presión para chantajear al gobierno.
Lo grave del asunto es que los escasos pulmones naturales que tenemos en la capital y sus alrededores, sean convertidos en planchas de concreto, sin que los organismos competentes, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) guarde silencio cómplice por ignorancia del marco jurídico, por apatía o por complicidad. Los gobiernos estatal y municipal no deben permitir más invasiones, sobre todo la proliferación de asentamientos irregulares que dañan el entorno ecológico.
