Si bien es cierto que en otros entornos la postura del gobernador Alejandro Murat ha recibido aplausos y reconocimiento, también es cierto que en todo lo que se refiere al magisterio y sus exigencias, tal parece que esta administración ha doblado las manos. Diversos organismos civiles y particulares han invitado al ejecutivo estatal a no ceder más ante este monstruo de corrupción, intereses personales, fanatismo y demagogia, como ha sido concebido el magisterio desde que su lucha, emprendida hace 37 años, se prostituyó con los atropellos al pueblo que dicen defender en sus discursos.
El llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), ha sido, sobre todo en los últimos diez años, una cloaca de falso radicalismo y verdades a medias. La dirigencia está empecinada hoy en recuperar lo que le fue arrebatado por el ex gobernador Gabino Cué el 21 de julio de 2015: el monopolio de los cargos públicos en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que mantenían en contra de toda ley y principio elemental de legalidad, desde el 28 de octubre de 1998. Ahora, han mezclado el tema de la bilateralidad –así le llaman a esta obsesión- con propósitos perversos que nada tienen que ver con la responsabilidad docente que están obligados a desempeñar.
La intención de los dirigentes –o más bien capos- del Cártel 22 es que el gobierno les entregue los recursos para la reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasado. Se trata desde luego de una demanda absurda. ¿Quién engañó a estos maestros de educación básica, que son constructores o ingenieros civiles, cuya experiencia sea justamente la construcción? Como esta petición hay varias, totalmente descabelladas y burdas.
Engallados en lograr su propósito, de lo cual se dice que el gobierno ha cedido, aunque poco se sepa, han buscado que los vándalos que se asumen normalistas, busquen ahora lo que saben de antemano que no será posible: plazas docentes de manera automática y sin examen. Se presume que todo lo referente a plazas está hoy manejado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, a nivel central. Es ahí en donde se autoriza el techo presupuestal. No obstante lo anterior, siguen empecinados en lograr con el gobierno estatal, como en el pasado, una serie de canonjías y prebendas para seguir lucrando con la educación. La petición al gobernador Alejandro Murat ha sido reiterada: no ceder más.
Corrupción en apoyo a damnificados
Desde el mismo 8 de septiembre, pocas horas después del sismo de 8.2 grados que devastó centenas de comunidades del Istmo de Tehuantepec, la tendencia entre muchos funcionarios, servidores públicos y legisladores, era aprovechar la tragedia para beneficio personal. Los viajes del presidente y de los secretarios y directores generales que fueron asignados como responsables de la reconstrucción, de poco sirvieron para detener la rapiña y el pillaje.
Si en el manejo de las despensas ello se evitó fue por la participación en la entrega de las Fuerzas Armadas, pero nunca faltaron los vivales que se aprovecharon, incluso de los mismos damnificados, que hicieron los negocios de su vida con la ayuda humanitaria. Cientos de toneladas de alimentos, medicinas, apoyos en especie tampoco llegaron a los destinatarios. Lo más grave de ello, fue la clonación de las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), cuyos casos suman ya cientos, que representan un fraude millonario, orquestado seguramente en algunas de las instituciones que armaron este programa. El fraude o vil robo de los recursos otorgados a los damnificados fue de tal manera que la primera tarjeta que entregó el presidente Enrique Peña Nieto a una mujer damnificada, fue clonada.
Amén de esta situación, se han dado una y mil irregularidades, como por ejemplo el beneficio a ciertos actores políticos y familiares; la renta de maquinaria para la demolición, la cual es facturada por arriba del costo real; la rapiña y el pillaje en el otorgamiento de las obras y en el padrón de afectados, en donde están muchos que no son. Las cifras entregadas o recolectadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no cuadran con la realidad, al menos en los censos que se llevaron a cabo y en la entrega de los apoyos a los presuntos afectados con la destrucción total de su vivienda.
La situación se ha complicado aún más, con la injerencia de empresas foráneas como responsables de la reconstrucción, tomando a las empresas locales sólo como apoyos para hacerles la bolsa a las primeras. Todo mundo ha querido ver la tragedia que tanto nos ha afectado, como un instrumento de beneficio personal y corrupción. Hasta la Sección 22 y sus dirigentes, han querido manejar ellos los recursos para la reconstrucción de escuelas, a sabiendas de la suma millonaria que será destinada.
