Por segunda ocasión el pasado lunes, el gobierno de la ciudad que preside Oswaldo García Jarquín, dispuso el desalojo de los puestos del comercio en la vía pública. La Policía Municipal, con la supervisión del Ejército Mexicano desmanteló los puestos fijos y semi-fijos que se ubican en las calles de Ricardo Flores Magón, en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. De inmediato brincaron los y las dirigentes, entre ellas, Carmela Luján, cacica desde hace décadas del comercio en la vía pública, para ordenar a su gente volver a instalarse. Lo anterior hace suponer dos cosas: que la autoridad municipal no tiene los elementos necesarios para proceder al desalojo o que sólo son intentos fallidos para justificarse ante el comercio establecido. Ambas hipótesis no se contraponen. Son complementarias. Lo que se ha observado es la debilidad institucional para resolver conforme a derecho una situación que parece estarse saliendo de control, habida cuenta de que el ambulantaje ha ido creciendo en proporción directa a la debilidad del gobierno de la ciudad para darle la estocada final. En este esquema hay que reconocer que actores reconocidos por su beligerancia están entrado en el juego. Nos referimos a la mafia criminal del Sindicato “Libertad”.
En ocasiones anteriores hemos dicho y hoy lo ratificamos: en la medida en que no es imponga el ejercicio de la ley seguiremos dando palos de ciego. Por supuesto que el gobierno estatal en apoyo al municipal, debe proceder a investigar fortunas, cuentas y movimientos de los dirigentes del comercio en la vía pública y desentrañar complicidades con algunos actores políticos que usan el problema a conveniencia. No es un secreto que grupos muy bien identificados con el ambulantaje tienen etiquetas partidistas y que los mueven desde ahí a placer. Lo político es lo que está detrás no precisamente la obstinación de grupos y organizaciones que se han apropiado prácticamente de las calles del Centro Histórico. Pero no es propio de la autoridad fingir que hay desalojos para que al poco tiempo, con marchas, manifestaciones o cierre del Palacio Municipal, sigan en lo mismo. Eso es justamente, un juego de vencidas que pone a la autoridad en evidencia ante la ciudadanía. El comercio informal, el que se ha adueñado de nuestras calles, requiere de una respuesta enérgica. No amagos ni juegos.
El CIMO, al fin
Luego de una larga espera que sobrepasa los dos años, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), la institución formativa de pequeños artistas que han elegido la música como una de las bellas artes de su preferencia, abrió sus puertas. Desde el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, una y otra vez se dio por concluida la obra. Lamentablemente, no hacía falta ser un experto en cuestiones arquitectónicas para darse cuenta de los errores evidentes en el diseño estructural y la pésima obra que se pretendía entregar a los oaxaqueños. Por fortuna, ese hecho nunca se dio y la misma tuvo que corregir los errores y enmendar los desaciertos. Para ello el gobierno estatal tuvo que desembolsar una suma millonaria. Extrañamente hasta el momento no se han fincado responsabilidades civiles ni penales en contra de quienes hicieron mal la obra. Queda pues en la impunidad dicho delito que, además, es un atentado al erario de los oaxaqueños. Durante el lapso de tiempo que tardó para ocuparse, los niños y adolescentes que ahí toman clases anduvieron del tingo al tango, sin tener un lugar fijo donde acudir a recibir las enseñanzas.
Habrá que ver si la instancia oficial correspondiente, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, tomará algunas acciones para proceder a poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía General del Estado, los elementos de juicio para fincar responsabilidades a la empresa contratista que llevó a cabo la obra original. Pero también a aquellos que autorizaron su ejecución a sabiendas de que el proyecto arquitectónico no cumplía con los mínimos requerimientos de seguridad para alumnos y alumnas menores de edad, que ahí toman clases. Sería un craso error dejar esta situación en la impunidad. Se trata –insistimos- en una obra que llevó a cabo la administración pasada y que ésta solamente enmendó errores y entuertos. También es cierto que gracias a ello, durante más de dos años fue el peregrinar de alumnos y maestros sin encontrar su lugar definitivo. Por fortuna, el gobernador Alejandro Murat hizo entrega ya del edificio y el CIMO cuenta con su propio espacio. Es una dura lección para que errores como los que comentamos al principio no se repitan. El tráfico de influencias, el favoritismo, el compadrazgo y el propósito perverso de beneficiar a algunos por encima de la norma, siempre trae experiencias desafortunadas.
