Debido a que en el país subsisten dos agriculturas, una tecnificada, comercial, exportadora, sobre todo en la parte hortofrutícola y una agricultura de subsistencia, minifundio, con grandes potencialidades, es necesario insistir en su incorporación al desarrollo. Los grandes retos que se avecinan obligan a impulsar un esquema de apoyos productivos basados en la modernización de maquinaria, equipos, insumos y sistemas de tecnificación de riego.
El objetivo debe ser impulsar la productividad y competitividad del campo a través de un proceso de innovación, pues la tecnificación permitirá un uso más racional y sustentable del agua, mediante un ahorro anual de alrededor de un millón 100 mil metros cúbicos, así como mayor productividad por la aplicación de la innovación tecnológica.
Ante las dificultades que enfrenta el campo oaxaqueño para alcanzar mayores niveles de producción, es necesario alentar y promover su tecnificación y utilizar las nuevas tecnologías que ayuden a mejorar los cultivos de los pequeños propietarios que representan el 86 por ciento del padrón total.
Identificados con una o dos hectáreas de tierras que son bienes comunales y solo poseen una o dos hectáreas, solo 10 por ciento de los campesinos adquieren semillas mejoradas y fertilizantes por su alto costo, mientras que únicamente 2 y 3 por ciento utilizan algún tipo de tecnología para su producción.
Mientras que en el rubro agrícola, el objetivo es generar investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferir tecnología a los productores, a fin de solucionar problemas en la producción, industrialización o comercialización de productos agrícolas, proteger la biodiversidad y elevar su productividad.
Es indudable que con un campo más moderno, productivo y sustentable, es posible construir un futuro con mejores condiciones para las próximas generaciones para que encuentren en las actividades agrícolas una digna forma de vivir.
Feminicidios
México cuenta desde hace más de una década con instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para hacer frente a los tipos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, especialistas coinciden que la gran falla ante los feminicidios es la aplicación de las leyes y normas ya existentes, así como la falta de mecanismos para monitorear y evaluar esas acciones.
Hay muchos focos previos que el Estado puede detectar para frenar la violencia antes de llegar a un caso de feminicidio; por ejemplo, integrar expedientes médicos efectivos que demuestran que la mujer ha sido víctima de violencia. Nuestro país tiene un marco normativo completo para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, pero la gran falla es la aplicación y eso tiene que ver con las personas que están a cargo de las fiscalías especializadas, de los tribunales y de los institutos para las mujeres.
Oaxaca concluyó 2023 con 38 carpetas de investigación y 41 víctimas por feminicidio, de acuerdo a la reciente actualización del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Terminó en el séptimo lugar en el país, apenas por debajo del Estado de México con 89, Nuevo León con 73, Ciudad de México con 57, Chihuahua con 49, Veracruz con 45 y Morelos con 44.
Tales cifras deben obligar a asumir un mayor compromiso de parte de las autoridades para no seguir multiplicando estas estadísticas que exhiben la falta de contundencia en los esfuerzos para erradicar este tipo de violencia. No solo se trata de estar vigilando la aplicación y el cumplimiento de estas leyes, también de evitar que se le entregue el cargo a la gente como un acto de ‘amiguismo’ y nepotismo, dando pie a que los perfiles no sean los adecuados.
Se tiene que empezar desde ahí: que las personas cumplan con los requisitos mínimos que garanticen que no van a estar experimentando en los cargos que tienen que ver con dar acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
